DIPUTADO MULET APLAUDE RESTRICCIONES PARA FISCALIZADORES PÚBLICOS

El diputado Jaime Mulet celebró la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que prohíbe a los directivos y profesionales de los organismos del Estado trabajar para las empresas privadas que debieron fiscalizar en su calidad de funcionarios públicos, indicando que esta medida permitirá evitar suspicacias sobre la imparcialidad de los fiscalizadores.

Jaime Mulet lamentó que esta iniciativa se haya hecho necesaria, tras diversos casos de autoridades de Gobierno que, al retirarse de la Administración Pública, pasaron a trabajar en las empresas que debían fiscalizar, con lo que se puso en duda su independencia en el período en que debieron proteger el interés público y el eventual uso de información privilegiada en beneficio de las empresas que los contrataron.

El parlamentario informó que para evitar confusiones entre el rol de los funcionarios públicos y el sector privado, la iniciativa que fue aprobada en general en su primer trámite legislativo dispone que los directivos y profesionales de instituciones públicas responsables de fiscalizar al sector privado, además de los de la Conama, la Comisión Nacional de Energía, las Subsecretarías de Transportes, Telecomunicaciones y Pesca y del Servicio Nacional de Pesca, o que hubiesen ejercido funciones como inspectores del Ministerio de Obras Públicas o como directores de obras municipales, no podrán trabajar en empresas del sector privado durante un año.

Junto con establecerse la prohibición de que estas mismas personas realicen labores de lobby en favor de las empresas que pudieron fiscalizar como funcionarios públicos durante dos años, el diputado Mulet reconoció la necesidad de compensar a esta gente por las limitaciones impuestas en sus futuras oportunidades laborales con el pago de una compensación por 800 U.F. para los directores y 420 UF para los profesionales, siempre que su salida no obedezca a medidas disciplinarias, y destacó que estas compensaciones deberán ser devueltas en caso de retornar a la Administración Pública antes de cumplirse el plazo de inhabilidad.
Por último, Jaime Mulet resaltó que las trasgresiones a esta normativa serán sancionadas con la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años, además de la devolución de la compensación cancelada.