CARTA DIPUTADO DÍAZ EN LA TERCERA POR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Ni el Gobierno ni la Alianza deben disputarse por convertir la destitución de la ministra Provoste en otra de sus pírricas victorias. El primero, intentando convertirla en víctima, y por asociación a la administración Bachelet. La segunda, festejando desde su línea “dura” haber asestado un mazazo a una Concertación que desea desplazar, sin que hasta ahora nadie sepa para qué.
El mediático capítulo Provoste debe tener otra lectura: Cómo la institucionalidad es capaz de desempeñarse sin traumatizar a nadie, salvo a los más directamente afectados. La ciudadanía juzgará, desde su sabio sentido común, si en esta pasada ganó la derecha, la izquierda o el país.
Con estos hechos se afirma el saludable concepto de que ya no se tolerarán ni la corrupción ni la incompetencia, sea que ocurran entre los vericuetos del aparato estatal administrado por la Concertación o en las oficinas de los municipios bajo gobierno de la Alianza.
En este sentido, la aplicación de los principios del constitucionalismo clásico, la división de los poderes y el correcto funcionamiento de la institucionalidad no deben atemorizar a nadie, salvo, precisamente, a los corruptos y los incompetentes.
La ciudadanía demanda firmeza, como lo revelan todas las recientes encuestas, para castigar a los partidos políticos y las personas que en vez de acceder al poder para servir, lo hacen para servirse. La Alianza y la Concertación deberían tomar nota de lo que quiere la gente.