“Hace tiempo que la Araucanía viene perdiendo la lucha contra la cesantía”, señaló el diputado Eduardo Díaz del Río, quien agregó que “el principal deber de la autoridad es generar las condiciones para el pleno empleo, pues la gente sin trabajo pierde toda esperanza de surgir”.
Los conceptos anteriores los vertió el parlamentario tras conocerse los resultados de la última encuesta trimestral de empleo del INE, que demostró como en la IX Región siguen subiendo las cifras de desempleo.
“Así”, explicó Díaz del Río, “entre el trimestre móvil enero-marzo del año pasado y el mismo período del año actual, el desempleo en la Araucanía aumentó del 6 al 8,4%, lo que implica -en la IX Región- más de 32 mil personas sin empleo”.
“Del mismo modo”, agregó el diputado Díaz, “también hubo un empeoramiento en las cifras regionales de desempleo, si se mide el avance de la cesantía entre las mediciones que concluyen en febrero y marzo de este año. El trimestre cerrado en febrero tenía un 7,8, guarismo que creció a marzo al 8,4% indicado.
“Con un 8,3%, Angol tiene 1.430 personas sin trabajo. Más alto aún es el desempleo en Temuco, capital regional de la Araucanía, con un 8,9%, es decir, más de 10 mil personas sin empleo. De acuerdo a las estadísticas comunales de empleo del INE, para este mismo período en Padre Las Casas el desempleo asciende a 8,7% (2.580 personas), mientras en Victoria llega al 7,4% (940 personas)”, puntualizó el parlamentario.
Para el diputado colorín y candidato a senador, “esta situación es mucho más grave si se considera que las mediciones nacionales de desempleo en la Araucanía se realizan sólo en Temuco y Angol, a lo que se suma otra medición comunal, que tan sólo incluye a Padre Las Casas y Victoria obviando al resto de la región, tanto en lo urbano como lo rural”.
“No me cabe duda de que la realidad sería mucho peor si el INE incluyera en sus encuestas de empleo a ciudades como Villarrica, Imperial, Loncoche, Gorbea, Carahue, Teodoro Schmidt o Saavedra, y devendría en pavoroso si se midiera el desempleo en los campos, donde nuestros campesinos y el pueblo mapuche languidecen en el abandono”, concluyó Eduardo Díaz del Río.
miércoles, 30 de abril de 2008
martes, 29 de abril de 2008
DIPUTADOS INDEPENDIENTES PIDEN TREGUA PARA QUE CODELCO RETOME DIÁLOGO CON TRABAJADORES
Los diputados independientes de las regiones mineras Pedro Araya, Esteban Valenzuela y Jaime Mulet formularon un llamado público para que CODELCO y los trabajadores subcontratistas acuerden una tregua de 48 horas en el conflicto y se pueda retomar el camino del diálogo.
Los parlamentarios que representan regiones en las que se encuentran las divisiones de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente de CODELCO insistieron en que la situación representa un perjuicio para todas las partes que intervienen, ya que el país pierde ingresos, y CODELCO y los trabajadores han visto afectada su credibilidad ante la opinión pública, al aparecer en posiciones de intransigencia.
Araya, Valenzuela y Mulet recalcaron que la falta de avances está produciendo condiciones de violencia que están afectando a las personas, por lo que es necesario hacer una tregua que ayude a calmar los ánimos, recuperar la vía del diálogo y reanudar las faenas mineras.
En este sentido, explicaron que ambas partes en conflicto tienen argumentos valederos, pero al mismo tiempo deben reconocer los derechos de su contraparte y asumir los compromisos mutuos que se tomaron en forma previa y que no se han cumplido en plenitud.
Finalmente, los diputados Pedro Araya, Esteban Valenzuela y Jaime Mulet concordaron en que son las partes que se encuentran protagonizando el conflicto las que deben asumir su responsabilidad por la situación de entrampamiento en que se encuentran y que para poder reponer los puentes se debe hacer un esfuerzo de generosidad y entendimiento, comprendiendo que lo que puedan hacer irá en directo beneficio del conjunto del país y, en especial, de las ciudades en las que se concentra la presencia minera.
Los parlamentarios que representan regiones en las que se encuentran las divisiones de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente de CODELCO insistieron en que la situación representa un perjuicio para todas las partes que intervienen, ya que el país pierde ingresos, y CODELCO y los trabajadores han visto afectada su credibilidad ante la opinión pública, al aparecer en posiciones de intransigencia.
Araya, Valenzuela y Mulet recalcaron que la falta de avances está produciendo condiciones de violencia que están afectando a las personas, por lo que es necesario hacer una tregua que ayude a calmar los ánimos, recuperar la vía del diálogo y reanudar las faenas mineras.
En este sentido, explicaron que ambas partes en conflicto tienen argumentos valederos, pero al mismo tiempo deben reconocer los derechos de su contraparte y asumir los compromisos mutuos que se tomaron en forma previa y que no se han cumplido en plenitud.
Finalmente, los diputados Pedro Araya, Esteban Valenzuela y Jaime Mulet concordaron en que son las partes que se encuentran protagonizando el conflicto las que deben asumir su responsabilidad por la situación de entrampamiento en que se encuentran y que para poder reponer los puentes se debe hacer un esfuerzo de generosidad y entendimiento, comprendiendo que lo que puedan hacer irá en directo beneficio del conjunto del país y, en especial, de las ciudades en las que se concentra la presencia minera.
DIPUTADO VALENZUELA VIAJA A PARAGUAY COMO OBSERVADOR INTERNACIONAL Y A AGILIZAR INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE PERIODISTA CHILENO
Accediendo a una invitación formal, este fin de semana el diputado de Chile Primero Esteban Valenzuela viajará a Paraguay para participar como observador internacional en las elecciones que se realizarán en ese país este domingo, y anunció que aprovechará su presencia para expresar su preocupación por la falta de resultados en la investigación judicial por el homicidio del periodista Tito Palma, ocurrido en agosto del año pasado en Paraguay.
Esteban Valenzuela, quien había pedido en su momento a la Cancillería que se hiciera parte de la investigación, adelantó que espera sostener reuniones sobre el caso Palma con altas autoridades del Partido Colorado, actualmente en el poder y del equipo del ex-obispo Fernando Lugo, quien aparece según las últimas encuestas con la primera opción para terminar con sesenta años de gobierno del Partido Colorado.
El diputado Valenzuela informó que su preocupación por el caso del periodista Tito Palma obedece a peticiones de sus familiares en Chile, inquietos por la falta de información por parte de la Cancillería y por el inminente cierre de la etapa de investigación del proceso judicial.
Esteban Valenzuela, quien había pedido en su momento a la Cancillería que se hiciera parte de la investigación, adelantó que espera sostener reuniones sobre el caso Palma con altas autoridades del Partido Colorado, actualmente en el poder y del equipo del ex-obispo Fernando Lugo, quien aparece según las últimas encuestas con la primera opción para terminar con sesenta años de gobierno del Partido Colorado.
El diputado Valenzuela informó que su preocupación por el caso del periodista Tito Palma obedece a peticiones de sus familiares en Chile, inquietos por la falta de información por parte de la Cancillería y por el inminente cierre de la etapa de investigación del proceso judicial.
CARTA DIPUTADO DÍAZ EN LA TERCERA POR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Ni el Gobierno ni la Alianza deben disputarse por convertir la destitución de la ministra Provoste en otra de sus pírricas victorias. El primero, intentando convertirla en víctima, y por asociación a la administración Bachelet. La segunda, festejando desde su línea “dura” haber asestado un mazazo a una Concertación que desea desplazar, sin que hasta ahora nadie sepa para qué.
El mediático capítulo Provoste debe tener otra lectura: Cómo la institucionalidad es capaz de desempeñarse sin traumatizar a nadie, salvo a los más directamente afectados. La ciudadanía juzgará, desde su sabio sentido común, si en esta pasada ganó la derecha, la izquierda o el país.
Con estos hechos se afirma el saludable concepto de que ya no se tolerarán ni la corrupción ni la incompetencia, sea que ocurran entre los vericuetos del aparato estatal administrado por la Concertación o en las oficinas de los municipios bajo gobierno de la Alianza.
En este sentido, la aplicación de los principios del constitucionalismo clásico, la división de los poderes y el correcto funcionamiento de la institucionalidad no deben atemorizar a nadie, salvo, precisamente, a los corruptos y los incompetentes.
La ciudadanía demanda firmeza, como lo revelan todas las recientes encuestas, para castigar a los partidos políticos y las personas que en vez de acceder al poder para servir, lo hacen para servirse. La Alianza y la Concertación deberían tomar nota de lo que quiere la gente.
El mediático capítulo Provoste debe tener otra lectura: Cómo la institucionalidad es capaz de desempeñarse sin traumatizar a nadie, salvo a los más directamente afectados. La ciudadanía juzgará, desde su sabio sentido común, si en esta pasada ganó la derecha, la izquierda o el país.
Con estos hechos se afirma el saludable concepto de que ya no se tolerarán ni la corrupción ni la incompetencia, sea que ocurran entre los vericuetos del aparato estatal administrado por la Concertación o en las oficinas de los municipios bajo gobierno de la Alianza.
En este sentido, la aplicación de los principios del constitucionalismo clásico, la división de los poderes y el correcto funcionamiento de la institucionalidad no deben atemorizar a nadie, salvo, precisamente, a los corruptos y los incompetentes.
La ciudadanía demanda firmeza, como lo revelan todas las recientes encuestas, para castigar a los partidos políticos y las personas que en vez de acceder al poder para servir, lo hacen para servirse. La Alianza y la Concertación deberían tomar nota de lo que quiere la gente.
DIPUTADO VALENZUELA PIDE AL GOBIERNO QUE BUSQUE ACUERDO ENTRE CODELCO Y SUBCONTRATISTAS
El diputado de Chile Primero Esteban Valenzuela formuló un llamado a los ministros de Minería y del Trabajo para que inicien el diálogo con los dirigentes de los trabajadores subcontratados de Codelco, acusando al mismo tiempo de “empecinamiento” a los directivos de la empresa cuprífera por no buscar una solución a las reivindicaciones sindicales, en tanto que pidió a los trabajadores que protesten en forma pacífica señalando que la fuerza de su movimiento debe residir en “la razón, su unidad y la paz”.
El diputado Valenzuela planteó, al intervenir en la Hora de Incidentes de la Cámara que para los trabajadores externos, resulta incomprensible que, estando el cobre a un precio histórico de cuatro dólares, no exista la disposición por parte de la empresa para acceder a las demandas laborales.
Junto con precisar su rechazo a los actos de violencia, Valenzuela recalcó que hay algunos aspectos que son de fácil solución, como que el bono anual acordado en la ronda anterior de negociaciones se pague en tres cuotas en lugar de que los trabajadores deban esperar hasta diciembre su cancelación.
Del mismo modo, reprochó que, habiendo un dictamen de la Inspección del Trabajo sobre la contratación de este grupo de trabajadores dentro de Codelco, la empresa haya recurrido a la Justicia en lugar de buscar un acuerdo y que, al mismo tiempo, no haya tenido la diligencia para cumplir con el pago para la educación de los hijos de los mineros y para implementar una política de vivienda en beneficio de este grupo.
En relación a los trabajadores, el diputado Valenzuela deploró el “estallido de violencia y de protesta que se ha producido una vez más en la gran minería del cobre, particularmente en la División El Teniente” y recordó que durante la dictadura, en un contexto de mayor represión, los trabajadores supieron movilizarse en forma masiva y pacífica, por lo que expresó su esperanza en que “sea ése el camino de estas protestas y no la adopción de quemas de buses y de camiones o el apedreamiento de vehículos que transportan a otros trabajadores”.
El diputado Valenzuela planteó, al intervenir en la Hora de Incidentes de la Cámara que para los trabajadores externos, resulta incomprensible que, estando el cobre a un precio histórico de cuatro dólares, no exista la disposición por parte de la empresa para acceder a las demandas laborales.
Junto con precisar su rechazo a los actos de violencia, Valenzuela recalcó que hay algunos aspectos que son de fácil solución, como que el bono anual acordado en la ronda anterior de negociaciones se pague en tres cuotas en lugar de que los trabajadores deban esperar hasta diciembre su cancelación.
Del mismo modo, reprochó que, habiendo un dictamen de la Inspección del Trabajo sobre la contratación de este grupo de trabajadores dentro de Codelco, la empresa haya recurrido a la Justicia en lugar de buscar un acuerdo y que, al mismo tiempo, no haya tenido la diligencia para cumplir con el pago para la educación de los hijos de los mineros y para implementar una política de vivienda en beneficio de este grupo.
En relación a los trabajadores, el diputado Valenzuela deploró el “estallido de violencia y de protesta que se ha producido una vez más en la gran minería del cobre, particularmente en la División El Teniente” y recordó que durante la dictadura, en un contexto de mayor represión, los trabajadores supieron movilizarse en forma masiva y pacífica, por lo que expresó su esperanza en que “sea ése el camino de estas protestas y no la adopción de quemas de buses y de camiones o el apedreamiento de vehículos que transportan a otros trabajadores”.
DIPUTADOS DÍAZ Y SEPÚLVEDA PIDEN BONO PARA TRIGUEROS
Un proyecto de acuerdo, presentaron los diputados Alejandra Sepúlveda y Eduardo Díaz, para que la Cámara solicite al Gobierno la entrega de un bono para los productores de trigo en la Región de la Araucanía, como medio de compensación a las dificultades que ha enfrentado este sector por el aumento en los costos de sus insumos y las condiciones climáticas.
Díaz y Sepúlveda explicaron que este grupo ha sido doblemente afectado, tanto por el hecho de que dentro de los distintos cultivos el trigo se encuentra en una situación delicada por la pérdida de competitividad y porque en la Región de la Araucanía “las actividades silvoagropecuarias ocupan cerca del 50% de la fuerza laboral regional”.
El proyecto de acuerdo propuesto por el parlamentario cuenta con el respaldo de los demás integrantes de la bancada de diputados independientes, según explicó Díaz por la preocupación del grupo parlamentario de las condiciones que están enfrentando las personas de clase media en el sector rural.
Agregaron en este sentido que los problemas entre los trigueros en la Araucanía tendrán una seria repercusión en el resto de la región, ya que el impacto en el empleo incidirá a su vez en las demás actividades productivas y económicas, sin considerar que la zona es una de las más pobres del país.
Los parlamentarios advirtieron además de la urgencia de que el Gobierno vaya en ayuda de los trigueros por consideraciones estratégicas, ya que una disminución de la producción aumentará la dependencia nacional de la harina importada para la fabricación del pan y en su precio, lo que es particularmente grave por tratarse de un producto esencial para la seguridad alimentaria del país.
Por último, Eduardo Díaz destacó el esfuerzo hecho por los propios agricultores por buscar soluciones y puso como ejemplo la decisión de un grupo de dirigentes de 92 comunidades indígenas de la Provincia de Cautín de formar la “Asociación de Comunidades Indígenas y Pequeños Agricultores de la Provincia de Cautín”.
Díaz y Sepúlveda explicaron que este grupo ha sido doblemente afectado, tanto por el hecho de que dentro de los distintos cultivos el trigo se encuentra en una situación delicada por la pérdida de competitividad y porque en la Región de la Araucanía “las actividades silvoagropecuarias ocupan cerca del 50% de la fuerza laboral regional”.
El proyecto de acuerdo propuesto por el parlamentario cuenta con el respaldo de los demás integrantes de la bancada de diputados independientes, según explicó Díaz por la preocupación del grupo parlamentario de las condiciones que están enfrentando las personas de clase media en el sector rural.
Agregaron en este sentido que los problemas entre los trigueros en la Araucanía tendrán una seria repercusión en el resto de la región, ya que el impacto en el empleo incidirá a su vez en las demás actividades productivas y económicas, sin considerar que la zona es una de las más pobres del país.
Los parlamentarios advirtieron además de la urgencia de que el Gobierno vaya en ayuda de los trigueros por consideraciones estratégicas, ya que una disminución de la producción aumentará la dependencia nacional de la harina importada para la fabricación del pan y en su precio, lo que es particularmente grave por tratarse de un producto esencial para la seguridad alimentaria del país.
Por último, Eduardo Díaz destacó el esfuerzo hecho por los propios agricultores por buscar soluciones y puso como ejemplo la decisión de un grupo de dirigentes de 92 comunidades indígenas de la Provincia de Cautín de formar la “Asociación de Comunidades Indígenas y Pequeños Agricultores de la Provincia de Cautín”.
DIPUTADO MULET PIDE PÚBLICAMENTE AUDIENCIA AL MINISTRO DE HACIENDA
Aprovechando la discusión del proyecto que establece un bono de 20 mil pesos para el 40 por ciento de las familias de menores ingresos, y que complementa además en otros 13 mil el tradicional bono de invierno, elevándolo a 50 mil pesos, el diputado independiente pidió de modo pública una audiencia al ministro de Hacienda Andrés Velasco.
Junto con anunciar el voto favorable a la iniciativa de los diputados independientes, Jaime Mulet valoró la presencia del Ministro de Hacienda durante la discusión del proyecto y luego le preguntó: “Se lo digo de frente, ¿cómo podemos hacer los diputados independientes para tener una audiencia con usted?”
El parlamentario destacó la relevancia del bono, indicando que aunque la suma que reciba cada familia pueda ser exigua, el esfuerzo hecho por el Estado es de gran magnitud, sin perjuicio de que siempre se aspire a dar mejores condiciones, en especial por tratarse de un bono para los sectores más pobres.
Jaime Mulet enfatizó en todo caso la necesidad de que la autoridad pueda resolver este tipo de beneficios junto con los parlamentarios, y señaló por ello que los diputados independientes han venido pidiéndole una audiencia hace varias semanas, sin obtener siquiera una respuesta negativa.
El diputado Mulet concluyó su interpelación al Ministro de Hacienda diciéndole “aunque no le simpaticemos, tenemos ideas y tenemos propuestas”, argumentando por último que los parlamentarios independientes representan a miles de personas con necesidades que deben ser atendidas por la autoridad.
Junto con anunciar el voto favorable a la iniciativa de los diputados independientes, Jaime Mulet valoró la presencia del Ministro de Hacienda durante la discusión del proyecto y luego le preguntó: “Se lo digo de frente, ¿cómo podemos hacer los diputados independientes para tener una audiencia con usted?”
El parlamentario destacó la relevancia del bono, indicando que aunque la suma que reciba cada familia pueda ser exigua, el esfuerzo hecho por el Estado es de gran magnitud, sin perjuicio de que siempre se aspire a dar mejores condiciones, en especial por tratarse de un bono para los sectores más pobres.
Jaime Mulet enfatizó en todo caso la necesidad de que la autoridad pueda resolver este tipo de beneficios junto con los parlamentarios, y señaló por ello que los diputados independientes han venido pidiéndole una audiencia hace varias semanas, sin obtener siquiera una respuesta negativa.
El diputado Mulet concluyó su interpelación al Ministro de Hacienda diciéndole “aunque no le simpaticemos, tenemos ideas y tenemos propuestas”, argumentando por último que los parlamentarios independientes representan a miles de personas con necesidades que deben ser atendidas por la autoridad.
EDUARDO DÍAZ PIDE TRANSPARENCIA EN LAS DECISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Luego de que en dos oportunidades en los últimos días se impidiera la unanimidad para tomar acuerdos en la Cámara de Diputados, sin que se pudiera conocer la identidad de quienes se opusieron por una costumbre que les permite hacerlo de manera reservada, el diputado Eduardo Díaz solicitó oficialmente a la Comisión de Régimen Interno que se termine con lo que denominó “la práctica del secretismo”.
“No sólo se trata -explicó Eduardo Díaz- de una costumbre opuesta a la obligatoria publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, que establece el artículo 8ª de la Constitución. Atenta, a la vez, contra la transparencia de los mismos, podría esconder conflictos de interés, e incluso impide manifestar la responsabilidad política que es tan propia de nuestra función”.
La semana pasada Eduardo Díaz se vio envuelto en una ácida controversia con la Mesa de la Cámara, cuando demandó conocer el nombre del parlamentario que se opuso a dar unanimidad para votar el proyecto de ley que establece la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, a lo que tanto el presidente Juan Bustos como el vicepresidente Guillermo Ceroni se negaron, aduciendo que la reserva de su identidad era ‘un asunto de costumbre’, a pesar de que Díaz les precisó que no hay norma reglamentaria que ampare esa reserva y que si la hubiera sería “inconstitucional”.
“Una situación similar se produjo la semana antepasada, cuando quisimos votar sobre tabla un Proyecto de Acuerdo que manifiesta preocupación por la violencia en el Tíbet”, agregó el parlamentario, lo que se tradujo en que la iniciativa quedara postergada por más de quince días.
“Tenemos que terminar con esta manera de actuar”, recalcó Díaz, quien luego indicó que “si seguimos conviviendo con esta costumbre inconstitucional, podría llegarse al extremo de que algún parlamentario dilatara la aprobación de leyes muy importantes, e incluso eventualmente escondiera conflictos de interés”.
La costumbre establece que para los variados casos en que se requiere unanimidad de los parlamentarios presentes, basta la oposición de uno para que no se pueda tomar acuerdo, aunque esa oposición se manifieste de manera reservada o secreta.
“Respetando la posibilidad de los parlamentarios de impedir la formación de unanimidades, he demandado que esta oposición se haga de manera pública. No podemos estarle pidiendo transparencia al resto, mientras en nuestro seno mantenemos conductas secretistas”, terminó diciendo Eduardo Díaz del Río.
“No sólo se trata -explicó Eduardo Díaz- de una costumbre opuesta a la obligatoria publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, que establece el artículo 8ª de la Constitución. Atenta, a la vez, contra la transparencia de los mismos, podría esconder conflictos de interés, e incluso impide manifestar la responsabilidad política que es tan propia de nuestra función”.
La semana pasada Eduardo Díaz se vio envuelto en una ácida controversia con la Mesa de la Cámara, cuando demandó conocer el nombre del parlamentario que se opuso a dar unanimidad para votar el proyecto de ley que establece la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, a lo que tanto el presidente Juan Bustos como el vicepresidente Guillermo Ceroni se negaron, aduciendo que la reserva de su identidad era ‘un asunto de costumbre’, a pesar de que Díaz les precisó que no hay norma reglamentaria que ampare esa reserva y que si la hubiera sería “inconstitucional”.
“Una situación similar se produjo la semana antepasada, cuando quisimos votar sobre tabla un Proyecto de Acuerdo que manifiesta preocupación por la violencia en el Tíbet”, agregó el parlamentario, lo que se tradujo en que la iniciativa quedara postergada por más de quince días.
“Tenemos que terminar con esta manera de actuar”, recalcó Díaz, quien luego indicó que “si seguimos conviviendo con esta costumbre inconstitucional, podría llegarse al extremo de que algún parlamentario dilatara la aprobación de leyes muy importantes, e incluso eventualmente escondiera conflictos de interés”.
La costumbre establece que para los variados casos en que se requiere unanimidad de los parlamentarios presentes, basta la oposición de uno para que no se pueda tomar acuerdo, aunque esa oposición se manifieste de manera reservada o secreta.
“Respetando la posibilidad de los parlamentarios de impedir la formación de unanimidades, he demandado que esta oposición se haga de manera pública. No podemos estarle pidiendo transparencia al resto, mientras en nuestro seno mantenemos conductas secretistas”, terminó diciendo Eduardo Díaz del Río.
DIPUTADA SEPÚLVEDA PIDE SOLUCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS EN SAN FERNANDO
Una doble petición a las autoridades regionales y a la Superintendencia de Bomberos formuló la diputada Alejandra Sepúlveda, luego de constatar que ninguno de los vehículos de emergencia de la Tercera Compañía de Bomberos de la ciudad de San Fernando está en operaciones.
Alejandra Sepúlveda pidió a ambas entidades que aporten los recursos necesarios para reparar los vehículos existentes y que hagan un esfuerzo para la adquisición de nuevos carros, ya que las condiciones de los actuales hacen previsible que en el futuro vuelvan a fallar.
Junto con destacar que la Tercera Compañía atiende uno de los sectores más populosos de la ciudad, puso de relieve lo peligroso de la situación señalando que “la semana pasada hubo un incendio y no pudieron atenderlo y la ciudadanía y algunos vecinos actuaron con violencia contra los bomberos, porque vieron que los carros no salían”.
Precisó, por último, que se requiere “con urgencia por lo menos 15 millones de pesos para habilitar uno de los carros”, sin perjuicio de que se debe buscar la manera de renovar el material con que cuentan los voluntarios de San Fernando.
Alejandra Sepúlveda pidió a ambas entidades que aporten los recursos necesarios para reparar los vehículos existentes y que hagan un esfuerzo para la adquisición de nuevos carros, ya que las condiciones de los actuales hacen previsible que en el futuro vuelvan a fallar.
Junto con destacar que la Tercera Compañía atiende uno de los sectores más populosos de la ciudad, puso de relieve lo peligroso de la situación señalando que “la semana pasada hubo un incendio y no pudieron atenderlo y la ciudadanía y algunos vecinos actuaron con violencia contra los bomberos, porque vieron que los carros no salían”.
Precisó, por último, que se requiere “con urgencia por lo menos 15 millones de pesos para habilitar uno de los carros”, sin perjuicio de que se debe buscar la manera de renovar el material con que cuentan los voluntarios de San Fernando.
DIPUTADO MULET PIDE SANCIONES PARA LAS ISAPRES QUE NO CUMPLAN SUS OBLIGACIONES
El diputado independiente Jaime Mulet denunció la “frescura” de nueve Isapres presentes en la región de Atacama, que mantienen una deuda por más de 150 millones de pesos con el Servicio de Salud regional por el pago de las prestaciones médicas realizadas a sus cotizantes por el sistema de salud público, dado que no han hecho inversiones en la zona para habilitar clínicas propias, y pidió sanciones para este tipo de situaciones.
En rueda de prensa, el diputado mulet señaló que es absurdo que, considerando las altas utilidades que las Isapres obtienen, el Estado tenga que hacerse cargo de deudas que son de su responsabilidad de las Isapres y que esto, además, termine perjudicando a sus usuarios que tendrán que cancelar su atención médica en los hospitales públicos, a raíz de la decisión del Servicio de Salud de Atacama de no aceptar a los cotizantes del sector privado.
Jaime Mulet indicó que, a raíz de la negativa de las Isapres de aceptar el convenio propuesto por el Servicio de Salud de Atacama como solución a su morosidad, los afiliados de las Isapres afectados por el problema llegan a 41 mil 888 personas y alertó sobre problemas similares que puedan producirse a lo largo del territorio nacional
Agregó que esta irregularidad se agrega a las alzas “desmedidas y antojadizas” de los precios de los planes de salud por parte de las Isapres y que resulta particularmente grave que la única forma de recuperar los dineros adeudados es que el Servicio de Salud presente demandas judiciales porque no hay forma de reclamar el pago, por lo que concluyó que “es el colmo que el Estado esté subsidiando a las Isapres, especialmente en regiones pobres en que el sistema de salud público tiene limitados recursos. Esto es una cuestión escandalosa que tiene que sancionarse.”
En rueda de prensa, el diputado mulet señaló que es absurdo que, considerando las altas utilidades que las Isapres obtienen, el Estado tenga que hacerse cargo de deudas que son de su responsabilidad de las Isapres y que esto, además, termine perjudicando a sus usuarios que tendrán que cancelar su atención médica en los hospitales públicos, a raíz de la decisión del Servicio de Salud de Atacama de no aceptar a los cotizantes del sector privado.
Jaime Mulet indicó que, a raíz de la negativa de las Isapres de aceptar el convenio propuesto por el Servicio de Salud de Atacama como solución a su morosidad, los afiliados de las Isapres afectados por el problema llegan a 41 mil 888 personas y alertó sobre problemas similares que puedan producirse a lo largo del territorio nacional
Agregó que esta irregularidad se agrega a las alzas “desmedidas y antojadizas” de los precios de los planes de salud por parte de las Isapres y que resulta particularmente grave que la única forma de recuperar los dineros adeudados es que el Servicio de Salud presente demandas judiciales porque no hay forma de reclamar el pago, por lo que concluyó que “es el colmo que el Estado esté subsidiando a las Isapres, especialmente en regiones pobres en que el sistema de salud público tiene limitados recursos. Esto es una cuestión escandalosa que tiene que sancionarse.”
DIPUTADA SEPÚLVEDA PREOCUPADA POR TRABAS PARA DISCAPACITADOS EN REGISTRO CIVIL DE SAN FERNANDO
La diputada Alejandra Sepúlveda denunció ante la Cámara Baja que, pese a las disposiciones legales, el Registro Civil de San Fernando no ha tomado las medidas para facilitar el acceso de las personas discapacitadas a sus dependencias.
Al intervenir en la Hora de Incidentes, la parlamentaria explicó que “se suponía que en San Fernando iba a existir -así fue por algunos meses- en el primer piso del Registro Civil una oficina para las personas con discapacidad. Sin embargo, ocurrió una dificultad y lamentablemente en la actualidad no funciona”.
Junto con recordar las normas legales que obligan a todas las oficinas que atienden público, sean públicas o privadas, a disponer accesos aptos para las personas con algún tipo de discapacidad física, la diputada Sepúlveda expresó que “lamento que el Registro Civil de San Fernando no tome la precaución de tener un funcionario en forma estable para que las personas con discapacidad accedan a todos los servicios, que además son muy importantes para cualquier persona y más aún para un discapacitado”.
Con el fin de solucionar el problema, pidió que se oficiara al Ministro de Justicia para ponerlo en antecedentes de la situación y que adopte medidas tendientes a resolver el problema.
Por último, afirmó que no tienen utilidad las normas legales acordadas por el Parlamento si las personas encargadas de respetarlas no lo hacen y si no es debidamente fiscalizado el cumplimiento de la ley, situación que es particularmente más grave cuando se trata de organismos públicos como el Registro Civil.
Al intervenir en la Hora de Incidentes, la parlamentaria explicó que “se suponía que en San Fernando iba a existir -así fue por algunos meses- en el primer piso del Registro Civil una oficina para las personas con discapacidad. Sin embargo, ocurrió una dificultad y lamentablemente en la actualidad no funciona”.
Junto con recordar las normas legales que obligan a todas las oficinas que atienden público, sean públicas o privadas, a disponer accesos aptos para las personas con algún tipo de discapacidad física, la diputada Sepúlveda expresó que “lamento que el Registro Civil de San Fernando no tome la precaución de tener un funcionario en forma estable para que las personas con discapacidad accedan a todos los servicios, que además son muy importantes para cualquier persona y más aún para un discapacitado”.
Con el fin de solucionar el problema, pidió que se oficiara al Ministro de Justicia para ponerlo en antecedentes de la situación y que adopte medidas tendientes a resolver el problema.
Por último, afirmó que no tienen utilidad las normas legales acordadas por el Parlamento si las personas encargadas de respetarlas no lo hacen y si no es debidamente fiscalizado el cumplimiento de la ley, situación que es particularmente más grave cuando se trata de organismos públicos como el Registro Civil.
DIPUTADOS INDEPENDIENTES CUESTIONAN SECRETISMO INCONSTITUCIONAL EN LA CÁMARA
Una dura polémica sostuvo el diputado Eduardo Díaz, con el respaldo de toda la bancada de diputados independientes, con el presidente y primer vicepresidente de la Cámara de Diputados Juan Bustos y Guillermo Ceroni, a raíz de la decisión de la mesa de no informar los nombres de los parlamentarios que no dieron la unanimidad necesaria para votar el proyecto que establece un procedimiento para reclamar a los tribunales el pago de remuneraciones iguales a mujeres y hombres por cumplir funciones similares.
Aunque aún faltaban las intervenciones de algunos diputados, y con el asentimiento de estos, se pidió votar la moción propuesta por un grupo de parlamentarios independientes y de la DC, no hubo acuerdo, por lo que Eduardo Díaz pidió que se informara el nombre de quienes impidieron el acuerdo, a lo que la mesa se negó argumentando que era una “costumbre” no entregar esa información.
Luego de ello, Eduardo Díaz, en representación de la Bancada de Diputados Independientes, pidió que se precisara cuál disposición del reglamento ampara dicha reserva y al insistir posteriormente explicó también a la mesa de la Cámara que no sólo no existe ninguna norma reglamentaria que avale el secreto sino que, además, la Constitución y otros cuerpos legales que prevalecen sobre el reglamento establecen que todos los actos de los parlamentarios deben ser públicos, salvo que exista una justificación fundada en la seguridad nacional y que el secreto sea resuelto por dos tercios de los diputados.
El diputado independiente enfatizó que la mesa de la Cámara estaba actuando en contra de las disposiciones constitucionales y del propósito de transparentar las actuaciones de las autoridades e indicó que es frecuente que se niegue la unanimidad para que la Cámara resuelva con mayor diligencia, sin que se asuma ninguna responsabilidad política ni se deba explicar, por ejemplo, a las mujeres chilenas sobre los motivos para dilatar la aprobación de un proyecto que iba objetivamente en su beneficio.
Aunque aún faltaban las intervenciones de algunos diputados, y con el asentimiento de estos, se pidió votar la moción propuesta por un grupo de parlamentarios independientes y de la DC, no hubo acuerdo, por lo que Eduardo Díaz pidió que se informara el nombre de quienes impidieron el acuerdo, a lo que la mesa se negó argumentando que era una “costumbre” no entregar esa información.
Luego de ello, Eduardo Díaz, en representación de la Bancada de Diputados Independientes, pidió que se precisara cuál disposición del reglamento ampara dicha reserva y al insistir posteriormente explicó también a la mesa de la Cámara que no sólo no existe ninguna norma reglamentaria que avale el secreto sino que, además, la Constitución y otros cuerpos legales que prevalecen sobre el reglamento establecen que todos los actos de los parlamentarios deben ser públicos, salvo que exista una justificación fundada en la seguridad nacional y que el secreto sea resuelto por dos tercios de los diputados.
El diputado independiente enfatizó que la mesa de la Cámara estaba actuando en contra de las disposiciones constitucionales y del propósito de transparentar las actuaciones de las autoridades e indicó que es frecuente que se niegue la unanimidad para que la Cámara resuelva con mayor diligencia, sin que se asuma ninguna responsabilidad política ni se deba explicar, por ejemplo, a las mujeres chilenas sobre los motivos para dilatar la aprobación de un proyecto que iba objetivamente en su beneficio.
DIPUTADOS VALENZUELA Y SEPÚLVEDA LOGRAN APOYO DE LA CÁMARA PARA PEDIR AL GOBIERNO ARREGLOS DE VÍAS URBANAS
Los diputados Alejandra Sepúlveda y Esteban Valenzuela informaron que la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto de acuerdo que propuso junto a representantes de todos los sectores, con el objeto de solicitar al Gobierno que destine recursos extraordinarios para reparar las calles y tapar hoyos o “eventos” en los sectores urbanos de las ciudades de provincias, del mismo modo que hizo con Santiago.
Los parlamentarios indicaron que el proyecto de acuerdo fue presentado luego que se informó que el Gobierno había decidido otorgar 150 mil millones de pesos para reparaciones exclusivamente en la Región Metropolitana, por lo que se pidió “un fondo especial de 200 mil millones de pesos para el trienio 2008-2010 que permita reponer el pavimento urbano y tapar ‘eventos” en las regiones del país, al igual como se hace con fondos en la Región Metropolitana”.
Recalcaron que existe un problema estructural en el país, dado que las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanismo no tienen un presupuesto suficiente para solucionar en las regiones las exigencias de reparaciones, por lo que debe intervenir la autoridad central para entregar los dineros requeridos.
Del mismo modo, Esteban Valenzuela y Alejandra Sepúlveda lamentaron que este tipo de soluciones se tengan que adoptar desde Santiago, en donde se suele brindar atención preferente a las necesidades urbanas de la capital, siendo que, como se señala en el proyecto, “en las ciudades y pueblos de provincias también se suman miles de calles y pasajes en mal estado” y que “donde vive el 62 por ciento de la población, no se consideran planes especiales de recursos extraordinarios”.
Los parlamentarios indicaron que el proyecto de acuerdo fue presentado luego que se informó que el Gobierno había decidido otorgar 150 mil millones de pesos para reparaciones exclusivamente en la Región Metropolitana, por lo que se pidió “un fondo especial de 200 mil millones de pesos para el trienio 2008-2010 que permita reponer el pavimento urbano y tapar ‘eventos” en las regiones del país, al igual como se hace con fondos en la Región Metropolitana”.
Recalcaron que existe un problema estructural en el país, dado que las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanismo no tienen un presupuesto suficiente para solucionar en las regiones las exigencias de reparaciones, por lo que debe intervenir la autoridad central para entregar los dineros requeridos.
Del mismo modo, Esteban Valenzuela y Alejandra Sepúlveda lamentaron que este tipo de soluciones se tengan que adoptar desde Santiago, en donde se suele brindar atención preferente a las necesidades urbanas de la capital, siendo que, como se señala en el proyecto, “en las ciudades y pueblos de provincias también se suman miles de calles y pasajes en mal estado” y que “donde vive el 62 por ciento de la población, no se consideran planes especiales de recursos extraordinarios”.
DIPUTADO DÍAZ EXPLICA VOTO DE INDEPENDIENTES FRENTE A ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
El diputado Eduardo Díaz enfatizó el compromiso de los independientes con la defensa del interés público y la lucha contra la corrupción, precisando que no se trata de ir en contra de las autoridades de la Concertación o de la Alianza sino de denunciar y castigar a todos los que abusen del poder, sea “en los ministerios o en los municipios”.
Actuando en representación de la Bancada de Diputados Independientes, Eduardo descartó que el grupo se hubiera plegado a una u otra de las posiciones enfrentadas en la acusación contra la ministra Provoste y aclaró que, de hecho algunos votaron a favor y otros se abstuvieron, respetándose la decisión en consciencia que cada uno hubiera adoptado y sin imposiciones.
Díaz recalcó que el deber de los parlamentarios es comprometerse en la lucha contra la corrupción y que en el caso de quienes optaron por aprobar la acusación contra la ministra Provoste la decisión se debió a que ella ha permitido que ocurran hechos anómalos bajo su autoridad sin hacer nada por investigar y sancionar las posibles irregularidades.
Asimismo indicó que en este caso “debimos actuar no sólo bajo normas constitucionales, sino además de otras contenidas en diferentes cuerpos legales, como la Ley de Probidad y la Orgánica Constitucional de Enseñanza. Pero también debimos considerar nuestras convicciones morales y sentido común” y cuestionó las presiones ejercidas por el Gobierno contra los diputados, argumentando que la Democracia Cristiana informó de manera pública que no interferiría en el lobby desplegado por el Ejecutivo.
Señaló también que “lo que está en discusión no es solo la formalidad de los hechos puestos en nuestro conocimiento. El eje del tema que discutimos es la corrupción y nuestra obligación de adoptar una posición firme ante la ciudadanía. Quien no pone la cara, quien no responde, crea las condiciones para que los corruptos se deslicen como víboras, infiltrándose en el aparato público, pervirtiéndolo a este y al alma de todo el país. En este caso, como en tantos otros, no es la legalidad la que se debate sino la moralidad”.
Actuando en representación de la Bancada de Diputados Independientes, Eduardo descartó que el grupo se hubiera plegado a una u otra de las posiciones enfrentadas en la acusación contra la ministra Provoste y aclaró que, de hecho algunos votaron a favor y otros se abstuvieron, respetándose la decisión en consciencia que cada uno hubiera adoptado y sin imposiciones.
Díaz recalcó que el deber de los parlamentarios es comprometerse en la lucha contra la corrupción y que en el caso de quienes optaron por aprobar la acusación contra la ministra Provoste la decisión se debió a que ella ha permitido que ocurran hechos anómalos bajo su autoridad sin hacer nada por investigar y sancionar las posibles irregularidades.
Asimismo indicó que en este caso “debimos actuar no sólo bajo normas constitucionales, sino además de otras contenidas en diferentes cuerpos legales, como la Ley de Probidad y la Orgánica Constitucional de Enseñanza. Pero también debimos considerar nuestras convicciones morales y sentido común” y cuestionó las presiones ejercidas por el Gobierno contra los diputados, argumentando que la Democracia Cristiana informó de manera pública que no interferiría en el lobby desplegado por el Ejecutivo.
Señaló también que “lo que está en discusión no es solo la formalidad de los hechos puestos en nuestro conocimiento. El eje del tema que discutimos es la corrupción y nuestra obligación de adoptar una posición firme ante la ciudadanía. Quien no pone la cara, quien no responde, crea las condiciones para que los corruptos se deslicen como víboras, infiltrándose en el aparato público, pervirtiéndolo a este y al alma de todo el país. En este caso, como en tantos otros, no es la legalidad la que se debate sino la moralidad”.
APOYADOS POR DIPUTADO EDUARDO DÍAZ: DIRIGENTES MAPUCHES PIDEN APOYO A PRESIDENTE DEL SENADO POR PROBLEMAS DE PROGRAMA “ORÍGENES”
Más de veinte lonkos y dirigentes en representación de cerca de 60 comunidades y territorios mapuches de la Araucanía pidieron la intervención del Presidente del Senado Adolfo Zaldívar para solucionar los problemas detectados en la implementación de la segunda etapa del Programa Orígenes, y que se han traducido en que de 110 millones de dólares destinados para apoyar a los indígenas no se haya recibido nada hasta el momento.
Acompañados del diputado Eduardo Díaz, los dirigentes encabezados por Juan Pablo Velásquez indicaron a Zaldívar que se ha calculado que para cada una de las 34 mil familias incluidas en el programa le corresponderían un millón 700 mil pesos, pero de esa suma un millón se ocupa en promotores del programa y en consultorías obligatorias, y que corresponderían a personas y entidades vinculadas políticamente al Gobierno.
Además, de los 700 mil pesos que quedan, se restan otros 200 mil pesos por concepto de promoción de la cultura y la organización mapuche, con lo que quedan sólo 500 mil pesos para cada familia, cifra que como se pagará en un período de 4 años y se les descuenta el IVA significa el pago mensual de un aporte de $8.437.
Los dirigentes pidieron a Adolfo Zaldívar que no sea obligatoria la contratación de las consultoras, dado el tamaño de los proyectos que se podrían financiar; que se elimine el descuento para promoción cultural y que la totalidad de los recursos se entreguen en el curso de un año.
El diputado Eduardo Díaz, por su parte, recalcó que la situación está siendo investigada por el Ministerio Público, dada su semejanza con lo ocurrido con los programas de generación de empleo en la Región de Valparaíso, en donde se habrían desviado fondos públicos a campañas de candidatos de la Concertación.
Por su parte, el senador Adolfo Zaldívar, junto con comprometer su apoyo para corregir los problemas detectados en el Programa Orígenes, afirmó que en el caso mapuche las situaciones no se pueden resolver “desde arriba y con personas extrañas” y recalcó que la forma de actuar de las autoridades puede producir “más violencia y desesperanza”.
Por último, el Presidente del Senado agradeció a los dirigentes mapuches por el largo viaje realizado para reunirse con la segunda autoridad del país en Valparaíso y los instó a mantenerse unidos y atentos a los intentos por dividirlos.
Acompañados del diputado Eduardo Díaz, los dirigentes encabezados por Juan Pablo Velásquez indicaron a Zaldívar que se ha calculado que para cada una de las 34 mil familias incluidas en el programa le corresponderían un millón 700 mil pesos, pero de esa suma un millón se ocupa en promotores del programa y en consultorías obligatorias, y que corresponderían a personas y entidades vinculadas políticamente al Gobierno.
Además, de los 700 mil pesos que quedan, se restan otros 200 mil pesos por concepto de promoción de la cultura y la organización mapuche, con lo que quedan sólo 500 mil pesos para cada familia, cifra que como se pagará en un período de 4 años y se les descuenta el IVA significa el pago mensual de un aporte de $8.437.
Los dirigentes pidieron a Adolfo Zaldívar que no sea obligatoria la contratación de las consultoras, dado el tamaño de los proyectos que se podrían financiar; que se elimine el descuento para promoción cultural y que la totalidad de los recursos se entreguen en el curso de un año.
El diputado Eduardo Díaz, por su parte, recalcó que la situación está siendo investigada por el Ministerio Público, dada su semejanza con lo ocurrido con los programas de generación de empleo en la Región de Valparaíso, en donde se habrían desviado fondos públicos a campañas de candidatos de la Concertación.
Por su parte, el senador Adolfo Zaldívar, junto con comprometer su apoyo para corregir los problemas detectados en el Programa Orígenes, afirmó que en el caso mapuche las situaciones no se pueden resolver “desde arriba y con personas extrañas” y recalcó que la forma de actuar de las autoridades puede producir “más violencia y desesperanza”.
Por último, el Presidente del Senado agradeció a los dirigentes mapuches por el largo viaje realizado para reunirse con la segunda autoridad del país en Valparaíso y los instó a mantenerse unidos y atentos a los intentos por dividirlos.
DIPUTADO ARAYA ANUNCIA A DIRIGENTES DEL PC APOYO DE INDEPENDIENTES A REFORMA AL BINOMINAL
El Jefe de la Bancada de Diputados Independientes Pedro Araya ratificó a la directiva del Partido Comunista encabezada por su presidente Guillermo Teillier y el secretario general Lautaro Carmona, su decisión de votar favorablemente el proyecto para reformar el sistema electoral binominal con el propósito de permitir la representación parlamentaria de las fuerzas minoritarias.
Al término de una reunión entre los siete diputados independientes y los dirigentes del PC, Guillermo Teillier explicó que el PC considera suficiente la reforma propuesta, en el sentido de establecer que los partidos que no elijan parlamentarios pero tengan una votación superior al 5 por ciento a nivel nacional puedan elegir cinco diputados.
Por su parte, Pedro Araya formuló un llamado a todos los partidos que han declarado su compromiso con la reforma del sistema electoral para que cumplan su palabra, cuando se deba votar el proyecto presentado por el Gobierno en los próximos días, y recordó que Sebastián Piñera hizo esta promesa en el curso de la última campaña electoral.
Asimismo Araya recalcó que el Parlamento está llamado a resolver sobre importantes iniciativas de ley y a ejercer sus facultades fiscalizadoras, dentro de las cuales les compete pronunciarse sobre acusaciones constitucionales e interpelaciones contra autoridades de Gobierno, por lo que se requiere que el Legislativo sea efectivamente representativo de la sociedad.
Tras enfatizar que el sistema binominal no permite esta representación de manera fidedigna y que está pendiente una reforma profunda al sistema político, indicó que la posibilidad de permitir la incorporación de las fuerzas ajenas a los dos principales bloques partidarios es un avance que no puede ser dejado de lado por conveniencias electorales.
Durante la reunión, los diputados independientes y los dirigentes del PC intercambiaron opiniones sobre la mejor forma de lograr una real democratización del sistema político.
Al término de una reunión entre los siete diputados independientes y los dirigentes del PC, Guillermo Teillier explicó que el PC considera suficiente la reforma propuesta, en el sentido de establecer que los partidos que no elijan parlamentarios pero tengan una votación superior al 5 por ciento a nivel nacional puedan elegir cinco diputados.
Por su parte, Pedro Araya formuló un llamado a todos los partidos que han declarado su compromiso con la reforma del sistema electoral para que cumplan su palabra, cuando se deba votar el proyecto presentado por el Gobierno en los próximos días, y recordó que Sebastián Piñera hizo esta promesa en el curso de la última campaña electoral.
Asimismo Araya recalcó que el Parlamento está llamado a resolver sobre importantes iniciativas de ley y a ejercer sus facultades fiscalizadoras, dentro de las cuales les compete pronunciarse sobre acusaciones constitucionales e interpelaciones contra autoridades de Gobierno, por lo que se requiere que el Legislativo sea efectivamente representativo de la sociedad.
Tras enfatizar que el sistema binominal no permite esta representación de manera fidedigna y que está pendiente una reforma profunda al sistema político, indicó que la posibilidad de permitir la incorporación de las fuerzas ajenas a los dos principales bloques partidarios es un avance que no puede ser dejado de lado por conveniencias electorales.
Durante la reunión, los diputados independientes y los dirigentes del PC intercambiaron opiniones sobre la mejor forma de lograr una real democratización del sistema político.
DIPUTADO MULET ANUNCIA RESISTENCIA EN LAS REGIONES SI SE PRIVATIZA ENAMI
El diputado independiente Jaime Mulet anunció su compromiso de convocar a la comunidad de la Región de Atacama y a las organizaciones de la pequeña y mediana minería, en caso de que el Gobierno persista en la privatización de la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Mulet explicó que existen serios temores de que el proyecto que el Ejecutivo pretende ingresar a tramitación parlamentaria el próximo martes, con el objeto de traspasar la administración de Enami y del BancoEstado al Sistema de Empresas Públicas (SEP), termine por significar la privatización de dos organismos esenciales para la promoción y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, poniendo una lápida al abandono en que el Estado ha tenido a estas instituciones en los últimos años.
En este sentido, el parlamentario independiente argumentó que las limitaciones de Enami y del BancoEstado para cumplir con la misión de fomento para las que fueron creadas se han originado permanentemente en las autoridades económicas que no parecen comprender el impacto social y productivo que tendría el término de estos organismos.
Jaime Mulet indicó que el deficitario apoyo a los micro y pequeños empresarios de la minería se ha traducido en los últimos en un creciente malestar de estos sectores y de todas las personas que dependen de ellos hacia el Gobierno, por lo que cualquier señal respecto a la intención de privatizar Enami puede despertar un amplio repudio ciudadano.
Por último, el diputado Mulet advirtió que la privatización del BancoEstado, aunque de menor impacto por su progresivo alejamiento de su rol de fomento, tendría consecuencias en todo el territorio nacional y que la discusión política no debe centrarse en la calidad de los directivos de las empresas públicas sino en que, a partir de la selección de ejecutivos honrados, se vuelva al rol de promoción que tradicionalmente tuvo el Estado y que permitió el auge de la clase media.
Mulet explicó que existen serios temores de que el proyecto que el Ejecutivo pretende ingresar a tramitación parlamentaria el próximo martes, con el objeto de traspasar la administración de Enami y del BancoEstado al Sistema de Empresas Públicas (SEP), termine por significar la privatización de dos organismos esenciales para la promoción y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, poniendo una lápida al abandono en que el Estado ha tenido a estas instituciones en los últimos años.
En este sentido, el parlamentario independiente argumentó que las limitaciones de Enami y del BancoEstado para cumplir con la misión de fomento para las que fueron creadas se han originado permanentemente en las autoridades económicas que no parecen comprender el impacto social y productivo que tendría el término de estos organismos.
Jaime Mulet indicó que el deficitario apoyo a los micro y pequeños empresarios de la minería se ha traducido en los últimos en un creciente malestar de estos sectores y de todas las personas que dependen de ellos hacia el Gobierno, por lo que cualquier señal respecto a la intención de privatizar Enami puede despertar un amplio repudio ciudadano.
Por último, el diputado Mulet advirtió que la privatización del BancoEstado, aunque de menor impacto por su progresivo alejamiento de su rol de fomento, tendría consecuencias en todo el territorio nacional y que la discusión política no debe centrarse en la calidad de los directivos de las empresas públicas sino en que, a partir de la selección de ejecutivos honrados, se vuelva al rol de promoción que tradicionalmente tuvo el Estado y que permitió el auge de la clase media.
A PEDIDO DEL DIPUTADO EDUARDO DÍAZ MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA IRREGULARIDADES EN ASIGNACIÓN DE CONSULTORAS DE PROGRAMA ORÍGENES
El diputado Eduardo Díaz del Río informó que, atendiendo a una denuncia que él realizara desde el Congreso, el Ministerio Público está investigando eventuales delitos cometidos en el programa Orígenes en la región de la Araucanía.
“A requerimiento de la Fiscalía Nacional -apuntó el diputado - hay en curso una investigación en torno a las denuncias de presiones e irregularidades que han sufrido varias comunidades y territorios mapuches del programa Orígenes, en la adjudicación de las consultoras que deben trabajar con ellos de manera obligatoria”.
Eduardo Díaz precisó que “yo hubiese querido que esto se evitara, y por eso desde agosto del año pasado reiteradamente avisé del peligro de que llegáramos a la ocurrencia de estos casos, en tiempo y forma, tanto a la Presidenta Bachelet como a dos ministras de MIDEPLAN, pero no se dieron por apercibidas”.
Agregó que “cansado de que no contestaran mis oficios, de que las autoridades ignoraran mis advertencias, opté por pedir que los antecedentes fueran entregados al Ministerio Público, el cual hoy ya está investigando estas irregularidades realizadas por operadores que obedecen a caciques políticos”, añadiendo luego que “habiendo recibido reiteradas advertencias por escrito y por adelantado, ahora el Gobierno no puede lavarse las manos, como lo hicieron los ministros Vidal y Puccio con Chiledeportes”.
Eduardo Díaz del Río dijo que las primeras denuncias se originaron en la comuna de Chol-Chol, en donde “al margen de presiones inaceptables, se introdujo ante las comunidades a una consultora que estaba fuera de las que, de acuerdo a los reglamentos, estaban seleccionadas” y apuntó que “las acusaciones de presiones e irregularidades con esto de la selección de las consultoras me han seguido llegando”.
Por último, el diputado independiente destacó que los montos de dineros involucrados pueden superar los 20 millones de dólares, si se considera que a la segunda fase del Programa Orígenes ingresaron 34 mil familias y para cada una se consideran 300 mil pesos como pago para las consultoras.
“A requerimiento de la Fiscalía Nacional -apuntó el diputado - hay en curso una investigación en torno a las denuncias de presiones e irregularidades que han sufrido varias comunidades y territorios mapuches del programa Orígenes, en la adjudicación de las consultoras que deben trabajar con ellos de manera obligatoria”.
Eduardo Díaz precisó que “yo hubiese querido que esto se evitara, y por eso desde agosto del año pasado reiteradamente avisé del peligro de que llegáramos a la ocurrencia de estos casos, en tiempo y forma, tanto a la Presidenta Bachelet como a dos ministras de MIDEPLAN, pero no se dieron por apercibidas”.
Agregó que “cansado de que no contestaran mis oficios, de que las autoridades ignoraran mis advertencias, opté por pedir que los antecedentes fueran entregados al Ministerio Público, el cual hoy ya está investigando estas irregularidades realizadas por operadores que obedecen a caciques políticos”, añadiendo luego que “habiendo recibido reiteradas advertencias por escrito y por adelantado, ahora el Gobierno no puede lavarse las manos, como lo hicieron los ministros Vidal y Puccio con Chiledeportes”.
Eduardo Díaz del Río dijo que las primeras denuncias se originaron en la comuna de Chol-Chol, en donde “al margen de presiones inaceptables, se introdujo ante las comunidades a una consultora que estaba fuera de las que, de acuerdo a los reglamentos, estaban seleccionadas” y apuntó que “las acusaciones de presiones e irregularidades con esto de la selección de las consultoras me han seguido llegando”.
Por último, el diputado independiente destacó que los montos de dineros involucrados pueden superar los 20 millones de dólares, si se considera que a la segunda fase del Programa Orígenes ingresaron 34 mil familias y para cada una se consideran 300 mil pesos como pago para las consultoras.
DIPUTADO MULET ENTREGA CARTA ABIERTA A SUBCONTRATISTAS DE CODELCO
Estimados trabajadores contratistas y subcontratistas de la División El Salvador de CODELCO.
Presentes:
Quiero expresarles, por medio de esta misiva, mi total apoyo a la movilización que han iniciado “una vez más”.
Recuerdo muy bien cómo el año pasado, liderados por valientes dirigentes, enfrentaron la defensa de sus derechos, tantas veces conculcados y durante tanto tiempo.
Con sinceridad, lamento profundamente que una empresa del Estado, administrada por el gobierno de la Concertación de la presidenta Bachelet, donde el directorio es de confianza de la presidenta Bachelet, no se hayan aplicado con rapidez y de manera estricta, las modificaciones de la llamada Ley de Subcontratación.
Les debo decir que cuando aprobamos esa ley en el Congreso, estábamos convencidos que iban a ser las empresas del Estado, como CODELCO, ENAMI, ENAP y las otras pocas que quedan en manos del Estado, las que iban a aplicar inmediata y estrictamente la ley porque, sin lugar a dudas, se constituirían en la base para exigir al sector privado su cumplimiento. Si el Estado, en sus empresas se obligaba a cumplir de determinada forma, podía el Estado, a través de sus organismos, como la dirección del trabajo, exigir el cumplimiento también.
Pero ocurrió lo contrario. Para que se comenzara a aplicar la ley hubo que hacer una gran movilización -que ustedes lideraron en el Salvador- y le tuvieron que decir con fuerza, con energía, a todo Chile, lo que estaba pasando.
Es cierto, tuvo que intervenir la iglesia para poner fin a esa larga huelga y movilización de más de 36 días.
Yo pude constatar en terreno, con algunos de ustedes, en Diego de Almagro, cómo se vivían esos días, con el nivel de tención que había, viendo cómo el pueblo les apoyaba, por lo demás, sus justas y legítimas demandas y cómo sufrían también la represión de las fuerzas especiales, como en los tiempos duros de la dictadura.
Si, créanme, me sentí condolido. Me recordaron los tiempos en que como joven estudiante universitario tenía que arrancar de los guanacos y de los zorrillos mientras estudiaba en Santiago. Pero acá era el pueblo, y estaban los niños, las mujeres, la gente.
Gracias a la intervención de la iglesia se logró poner fin a ese conflicto. Monseñor Goic, que nos ha dado gratas sorpresas durante los últimos años, pudo ser la persona bajo cuyo alero se puso término al conflicto.
Hoy día ustedes reclaman porque no se han cumplido los compromisos asumidos por el gobierno en aquella oportunidad. Es lamentable pero, después de ver que la dirección nacional del trabajo ordenó la incorporación de más de 5 mil trabajadores subcontratistas a CODELCO y el propio CODELCO se opuso y judicializó el tema, es posible esperar hoy en día cualquier cosa de CODELCO.
La verdad, lo lamento mucho.
Íntimamente quiero decirles que en el mes de Enero abandoné mi propio partido, la Democracia Cristiana, con dolor, entre muchas razones por la experiencia vivida en el conflicto de CODLECO y la negativa del gobierno y de autoridades que administran la empresa, perteneciente a mi ex partido, a aceptar esta ley.
Hoy día, en esta nueva movilización, como diputado de Atacama independiente, les expreso, una vez más, mi solidaridad y apoyo. Nunca me voy a perder, siempre voy a estar del lado de los trabajadores, especialmente, de los trabajadores mineros y de los trabajadores tratados injustamente.
Amigos y amigas contratistas de la división El Salvador, manténganse siempre unidos. Yo se que el apoyo que les puedo dar es un apoyo moral, pero es el apoyo de un parlamentario atacameño.
Créanme que apenas pueda iré a verlos, a compartir con ustedes.
Les deseo suerte y fuerza en esta lucha en la que, tal como cuando terminó el conflicto la vez pasada, les dije: “Han ganado una lucha, vendrán más. Esto parece ser de nunca acabar”.
Pero con el liderazgo de sus dirigentes, con la fuerza de ustedes, todos los trabajadores y trabajadoras, vamos a ir cambiando Chile, tenemos que crear un Chile más justo, más solidario, un Chile donde haya una mejor distribución del ingreso y ustedes están dando la señal correcta en ese sentido.
Un abrazo, se despide,
JAIME MULET MARTINEZ
Diputado por Atacama
Presentes:
Quiero expresarles, por medio de esta misiva, mi total apoyo a la movilización que han iniciado “una vez más”.
Recuerdo muy bien cómo el año pasado, liderados por valientes dirigentes, enfrentaron la defensa de sus derechos, tantas veces conculcados y durante tanto tiempo.
Con sinceridad, lamento profundamente que una empresa del Estado, administrada por el gobierno de la Concertación de la presidenta Bachelet, donde el directorio es de confianza de la presidenta Bachelet, no se hayan aplicado con rapidez y de manera estricta, las modificaciones de la llamada Ley de Subcontratación.
Les debo decir que cuando aprobamos esa ley en el Congreso, estábamos convencidos que iban a ser las empresas del Estado, como CODELCO, ENAMI, ENAP y las otras pocas que quedan en manos del Estado, las que iban a aplicar inmediata y estrictamente la ley porque, sin lugar a dudas, se constituirían en la base para exigir al sector privado su cumplimiento. Si el Estado, en sus empresas se obligaba a cumplir de determinada forma, podía el Estado, a través de sus organismos, como la dirección del trabajo, exigir el cumplimiento también.
Pero ocurrió lo contrario. Para que se comenzara a aplicar la ley hubo que hacer una gran movilización -que ustedes lideraron en el Salvador- y le tuvieron que decir con fuerza, con energía, a todo Chile, lo que estaba pasando.
Es cierto, tuvo que intervenir la iglesia para poner fin a esa larga huelga y movilización de más de 36 días.
Yo pude constatar en terreno, con algunos de ustedes, en Diego de Almagro, cómo se vivían esos días, con el nivel de tención que había, viendo cómo el pueblo les apoyaba, por lo demás, sus justas y legítimas demandas y cómo sufrían también la represión de las fuerzas especiales, como en los tiempos duros de la dictadura.
Si, créanme, me sentí condolido. Me recordaron los tiempos en que como joven estudiante universitario tenía que arrancar de los guanacos y de los zorrillos mientras estudiaba en Santiago. Pero acá era el pueblo, y estaban los niños, las mujeres, la gente.
Gracias a la intervención de la iglesia se logró poner fin a ese conflicto. Monseñor Goic, que nos ha dado gratas sorpresas durante los últimos años, pudo ser la persona bajo cuyo alero se puso término al conflicto.
Hoy día ustedes reclaman porque no se han cumplido los compromisos asumidos por el gobierno en aquella oportunidad. Es lamentable pero, después de ver que la dirección nacional del trabajo ordenó la incorporación de más de 5 mil trabajadores subcontratistas a CODELCO y el propio CODELCO se opuso y judicializó el tema, es posible esperar hoy en día cualquier cosa de CODELCO.
La verdad, lo lamento mucho.
Íntimamente quiero decirles que en el mes de Enero abandoné mi propio partido, la Democracia Cristiana, con dolor, entre muchas razones por la experiencia vivida en el conflicto de CODLECO y la negativa del gobierno y de autoridades que administran la empresa, perteneciente a mi ex partido, a aceptar esta ley.
Hoy día, en esta nueva movilización, como diputado de Atacama independiente, les expreso, una vez más, mi solidaridad y apoyo. Nunca me voy a perder, siempre voy a estar del lado de los trabajadores, especialmente, de los trabajadores mineros y de los trabajadores tratados injustamente.
Amigos y amigas contratistas de la división El Salvador, manténganse siempre unidos. Yo se que el apoyo que les puedo dar es un apoyo moral, pero es el apoyo de un parlamentario atacameño.
Créanme que apenas pueda iré a verlos, a compartir con ustedes.
Les deseo suerte y fuerza en esta lucha en la que, tal como cuando terminó el conflicto la vez pasada, les dije: “Han ganado una lucha, vendrán más. Esto parece ser de nunca acabar”.
Pero con el liderazgo de sus dirigentes, con la fuerza de ustedes, todos los trabajadores y trabajadoras, vamos a ir cambiando Chile, tenemos que crear un Chile más justo, más solidario, un Chile donde haya una mejor distribución del ingreso y ustedes están dando la señal correcta en ese sentido.
Un abrazo, se despide,
JAIME MULET MARTINEZ
Diputado por Atacama
DIPUTADO ARAYA ACUSA PARCIALIDAD DE LA COMISION QUE ANALIZA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
El jefe de la Bancada de Diputados Independientes Pedro Araya, acompañado de los diputados Eduardo Díaz y Carlos Olivares, afirmó que los integrantes de la Comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra la ministra de Educación Yasna Provoste, han eludido invitar a las personas que tengan información relevante sobre el caso, como el ex-ministro Martín Zilic o la subsecretaria Pilar Romaguera.
En este sentido, los diputados independientes anunciaron que en los próximos días se reunirán con el ex-ministro de Educación Martín Zilic para conocer los antecedentes necesarios para resolver su voto en la acusación constitucional, a la vez que se encuentran recibiendo antecedentes de diversos abogados constitucionalistas.
Araya indicó que la iniciativa de los independientes de reunirse con Zilic obedece a que la Comisión Investigadora “solamente ha decidido invitar a abogados constitucionalistas y no quiere conocer los hechos”, y agregó luego que “esta Comisión pierde seriedad al invitar a Joaquín Lavín, quien era un actor irrelevante en esta materia hasta que tuvo un pronunciamiento respecto a cómo él votaría la acusación constitucional. Aquí lo importante es que se invite a aquellas personas que están relacionadas con los hechos, como es el ex-ministro Zilic y Pilar Romaguera, que no han venido a esta comisión”.
El Jefe de los Diputados Independientes calificó como “absolutamente impresentable que la Comisión no quiera recibir al ex-ministro que inició esta investigación y no quiera saber qué es lo que ha pasado. Y más aún, nos llama la atención que prefiera invitar hoy día a Joaquín Lavín y no a quien inicio la investigación”
Consultado respecto a que Zilic habría sido invitado, Araya aclaró que “la información que tenemos nosotros, y es lo que él nos ha dicho, es que no ha recibido ninguna invitación. Acabamos de hablar con él hoy día en la mañana”.
Por su parte, el diputado Eduardo Díaz restó relevancia a la eventual asistencia de Zilic a la Comisión de Educación comentando que “curiosamente” se le ha puesto urgencia al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Educación “y con eso, como los tiempos de la acusación constitucional son cortos, probablemente tampoco se va a poder escuchar a Martín Zilic, que es relevante respecto a los hechos, para formarnos un juicio en relación a la acusación constitucional en la Comisión de Educación. A nosotros nos interesa que el Congreso pueda escuchar a estas personas que tienen antecedentes relevantes para que los diputados se puedan formar un juicio y tomar las decisiones correspondientes, más allá de las opiniones de otros actores que no son parlamentarios y que puedan estar a favor o en contra de la acusación”.
En este sentido, los diputados independientes anunciaron que en los próximos días se reunirán con el ex-ministro de Educación Martín Zilic para conocer los antecedentes necesarios para resolver su voto en la acusación constitucional, a la vez que se encuentran recibiendo antecedentes de diversos abogados constitucionalistas.
Araya indicó que la iniciativa de los independientes de reunirse con Zilic obedece a que la Comisión Investigadora “solamente ha decidido invitar a abogados constitucionalistas y no quiere conocer los hechos”, y agregó luego que “esta Comisión pierde seriedad al invitar a Joaquín Lavín, quien era un actor irrelevante en esta materia hasta que tuvo un pronunciamiento respecto a cómo él votaría la acusación constitucional. Aquí lo importante es que se invite a aquellas personas que están relacionadas con los hechos, como es el ex-ministro Zilic y Pilar Romaguera, que no han venido a esta comisión”.
El Jefe de los Diputados Independientes calificó como “absolutamente impresentable que la Comisión no quiera recibir al ex-ministro que inició esta investigación y no quiera saber qué es lo que ha pasado. Y más aún, nos llama la atención que prefiera invitar hoy día a Joaquín Lavín y no a quien inicio la investigación”
Consultado respecto a que Zilic habría sido invitado, Araya aclaró que “la información que tenemos nosotros, y es lo que él nos ha dicho, es que no ha recibido ninguna invitación. Acabamos de hablar con él hoy día en la mañana”.
Por su parte, el diputado Eduardo Díaz restó relevancia a la eventual asistencia de Zilic a la Comisión de Educación comentando que “curiosamente” se le ha puesto urgencia al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Educación “y con eso, como los tiempos de la acusación constitucional son cortos, probablemente tampoco se va a poder escuchar a Martín Zilic, que es relevante respecto a los hechos, para formarnos un juicio en relación a la acusación constitucional en la Comisión de Educación. A nosotros nos interesa que el Congreso pueda escuchar a estas personas que tienen antecedentes relevantes para que los diputados se puedan formar un juicio y tomar las decisiones correspondientes, más allá de las opiniones de otros actores que no son parlamentarios y que puedan estar a favor o en contra de la acusación”.
CARTA A CANCILLER FOXLEY POR TÍBET
Valparaíso, 19 de marzo de 2008
Sr.
Alejandro Foxley Rioseco
Ministro de Relaciones Exteriores
PRESENTE
Estimado Sr. Ministro:
Los diputados abajo firmantes venimos en solicitarle, por su intermedio, que el Gobierno adopte una postura clara y pública frente al conflicto que está ocurriendo en el Tibet, pidiendo el apoyo de la comunidad internacional para poner fin a los hechos de represión que están ocurriendo en esa zona y para buscar, mediante el diálogo, una solución definitiva y pacífica al conflicto, entre las partes representadas por el Gobierno de China y el Dalai Lama.
Esta misma solicitud la hemos formalizado a través de la presentación de un Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, pero consideramos que el drama humano que se vive en el Tibet y la posibilidad de que el conflicto adquiera proporciones aún más trágicas impide esperar un pronunciamiento de la Cámara sobre esta materia.
Como lo señalamos en nuestro proyecto de acuerdo, esta petición se basa en que Chile tiene entre sus principios de política exterior el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, el respeto a las culturas y la resolución pacífica de los conflictos; que desde 1959, tras la ocupación militar china de 1951, miles de tibetanos y su líder espiritual, el Dalai Lama, han sufrido el exilio y la creciente pérdida cultural y de autonomía del Tibet; y especialmente que el Dalai Lama ha declarado reiteradamente su voluntad de dialogar con las autoridades chinas para aceptar niveles de autonomía sin separatismo -similar al principio de "un país, dos sistemas" que conviven en Hong Kong y Macao-, lo que permitiría abrir conversaciones para una solución pacífica para el Tibet.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA O.
PEDRO ARAYA G.
Sr.
Alejandro Foxley Rioseco
Ministro de Relaciones Exteriores
PRESENTE
Estimado Sr. Ministro:
Los diputados abajo firmantes venimos en solicitarle, por su intermedio, que el Gobierno adopte una postura clara y pública frente al conflicto que está ocurriendo en el Tibet, pidiendo el apoyo de la comunidad internacional para poner fin a los hechos de represión que están ocurriendo en esa zona y para buscar, mediante el diálogo, una solución definitiva y pacífica al conflicto, entre las partes representadas por el Gobierno de China y el Dalai Lama.
Esta misma solicitud la hemos formalizado a través de la presentación de un Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, pero consideramos que el drama humano que se vive en el Tibet y la posibilidad de que el conflicto adquiera proporciones aún más trágicas impide esperar un pronunciamiento de la Cámara sobre esta materia.
Como lo señalamos en nuestro proyecto de acuerdo, esta petición se basa en que Chile tiene entre sus principios de política exterior el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, el respeto a las culturas y la resolución pacífica de los conflictos; que desde 1959, tras la ocupación militar china de 1951, miles de tibetanos y su líder espiritual, el Dalai Lama, han sufrido el exilio y la creciente pérdida cultural y de autonomía del Tibet; y especialmente que el Dalai Lama ha declarado reiteradamente su voluntad de dialogar con las autoridades chinas para aceptar niveles de autonomía sin separatismo -similar al principio de "un país, dos sistemas" que conviven en Hong Kong y Macao-, lo que permitiría abrir conversaciones para una solución pacífica para el Tibet.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA O.
PEDRO ARAYA G.
ESTEBAN VALENZUELA V.
JAIME MULET M.
JAIME MULET M.
CARLOS OLIVARES Z.
EDUARDO DÍAZ D.
EDUARDO DÍAZ D.
ÁLVARO ESCOBAR R.
DIPUTADO VALENZUELA PROPONE PROYECTO DE ACUERDO CONTRA LA REPRESIÓN EN EL TIBET
El diputado de Chile Primero Esteban Valenzuela informó que la Bancada de Diputados Independientes presentó un proyecto de acuerdo pidiendo que Chile condene la represión en el Tibet y conversaciones entre Chila y el Dalai Lama para un acuerdo pacífico.
Además de Valenzuela, el proyecto de acuerdo fue suscrito por los independientes Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Eduardo Díaz, Álvaro Escobar, Jaime Mulet y Carlos Olivares, a quienes se sumaron los diputados DC Carolina Goic y Gabriel Ascencio; el socialista Marco Enríquez-Ominami y el UDI Marcelo Forni.
El diputado Valenzuela explicó que el proyecto de acuerdo apuntaba a pedir “al Ministro de Relaciones Exterior, Sr. Alejandro Foxley, que se manifieste en contra de la represión en el Tibet y pida al Gobierno de China iniciar conversaciones directas con el Dalai Lama en búsqueda de una solución pacífica.”.
Dentro de los argumentos para justificar esta solicitud, se contemplaba “que Chile tiene entre sus principios de política exterior el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, el respeto a las culturas y la resolución pacífica de los conflictos; que desde 1959, tras la ocupación militar china de 1951, miles de tibetanos y su líder espiritual, el Dalai Lama, han sufrido el exilio y la creciente pérdida cultural y de autonomía del Tibet; y que el Dalai Lama ha declarado reiteradamente su voluntad de dialogar con las autoridades chinas para aceptar niveles de autonomía sin separatismo -similar al principio de "un país, dos sistemas" que conviven en Hong Kong y Macao-, lo que permitiría abrir conversaciones para una solución pacífica para el Tibet”.
Esteban Valenzuela lamentó que al momento de votar el proyecto de acuerdo, como no estaba en tabla, se opusieron a su inclusión Ximena Vidal y Roberto León, impidiendo la unanimidad necesaria, tras lo cual explicó que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados se deberá volver a pedir la unanimidad para votar la iniciativa, y de haber nuevamente oposición, se tendrá que postergar su discusión hasta que se hayan votado todos los proyectos de acuerdos ya ingresados, lo que podría ocurrir en un mes más.
Además de Valenzuela, el proyecto de acuerdo fue suscrito por los independientes Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Eduardo Díaz, Álvaro Escobar, Jaime Mulet y Carlos Olivares, a quienes se sumaron los diputados DC Carolina Goic y Gabriel Ascencio; el socialista Marco Enríquez-Ominami y el UDI Marcelo Forni.
El diputado Valenzuela explicó que el proyecto de acuerdo apuntaba a pedir “al Ministro de Relaciones Exterior, Sr. Alejandro Foxley, que se manifieste en contra de la represión en el Tibet y pida al Gobierno de China iniciar conversaciones directas con el Dalai Lama en búsqueda de una solución pacífica.”.
Dentro de los argumentos para justificar esta solicitud, se contemplaba “que Chile tiene entre sus principios de política exterior el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, el respeto a las culturas y la resolución pacífica de los conflictos; que desde 1959, tras la ocupación militar china de 1951, miles de tibetanos y su líder espiritual, el Dalai Lama, han sufrido el exilio y la creciente pérdida cultural y de autonomía del Tibet; y que el Dalai Lama ha declarado reiteradamente su voluntad de dialogar con las autoridades chinas para aceptar niveles de autonomía sin separatismo -similar al principio de "un país, dos sistemas" que conviven en Hong Kong y Macao-, lo que permitiría abrir conversaciones para una solución pacífica para el Tibet”.
Esteban Valenzuela lamentó que al momento de votar el proyecto de acuerdo, como no estaba en tabla, se opusieron a su inclusión Ximena Vidal y Roberto León, impidiendo la unanimidad necesaria, tras lo cual explicó que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados se deberá volver a pedir la unanimidad para votar la iniciativa, y de haber nuevamente oposición, se tendrá que postergar su discusión hasta que se hayan votado todos los proyectos de acuerdos ya ingresados, lo que podría ocurrir en un mes más.
DIPUTADO MULET APLAUDE RESTRICCIONES PARA FISCALIZADORES PÚBLICOS
El diputado Jaime Mulet celebró la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que prohíbe a los directivos y profesionales de los organismos del Estado trabajar para las empresas privadas que debieron fiscalizar en su calidad de funcionarios públicos, indicando que esta medida permitirá evitar suspicacias sobre la imparcialidad de los fiscalizadores.
Jaime Mulet lamentó que esta iniciativa se haya hecho necesaria, tras diversos casos de autoridades de Gobierno que, al retirarse de la Administración Pública, pasaron a trabajar en las empresas que debían fiscalizar, con lo que se puso en duda su independencia en el período en que debieron proteger el interés público y el eventual uso de información privilegiada en beneficio de las empresas que los contrataron.
El parlamentario informó que para evitar confusiones entre el rol de los funcionarios públicos y el sector privado, la iniciativa que fue aprobada en general en su primer trámite legislativo dispone que los directivos y profesionales de instituciones públicas responsables de fiscalizar al sector privado, además de los de la Conama, la Comisión Nacional de Energía, las Subsecretarías de Transportes, Telecomunicaciones y Pesca y del Servicio Nacional de Pesca, o que hubiesen ejercido funciones como inspectores del Ministerio de Obras Públicas o como directores de obras municipales, no podrán trabajar en empresas del sector privado durante un año.
Junto con establecerse la prohibición de que estas mismas personas realicen labores de lobby en favor de las empresas que pudieron fiscalizar como funcionarios públicos durante dos años, el diputado Mulet reconoció la necesidad de compensar a esta gente por las limitaciones impuestas en sus futuras oportunidades laborales con el pago de una compensación por 800 U.F. para los directores y 420 UF para los profesionales, siempre que su salida no obedezca a medidas disciplinarias, y destacó que estas compensaciones deberán ser devueltas en caso de retornar a la Administración Pública antes de cumplirse el plazo de inhabilidad.
Por último, Jaime Mulet resaltó que las trasgresiones a esta normativa serán sancionadas con la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años, además de la devolución de la compensación cancelada.
Jaime Mulet lamentó que esta iniciativa se haya hecho necesaria, tras diversos casos de autoridades de Gobierno que, al retirarse de la Administración Pública, pasaron a trabajar en las empresas que debían fiscalizar, con lo que se puso en duda su independencia en el período en que debieron proteger el interés público y el eventual uso de información privilegiada en beneficio de las empresas que los contrataron.
El parlamentario informó que para evitar confusiones entre el rol de los funcionarios públicos y el sector privado, la iniciativa que fue aprobada en general en su primer trámite legislativo dispone que los directivos y profesionales de instituciones públicas responsables de fiscalizar al sector privado, además de los de la Conama, la Comisión Nacional de Energía, las Subsecretarías de Transportes, Telecomunicaciones y Pesca y del Servicio Nacional de Pesca, o que hubiesen ejercido funciones como inspectores del Ministerio de Obras Públicas o como directores de obras municipales, no podrán trabajar en empresas del sector privado durante un año.
Junto con establecerse la prohibición de que estas mismas personas realicen labores de lobby en favor de las empresas que pudieron fiscalizar como funcionarios públicos durante dos años, el diputado Mulet reconoció la necesidad de compensar a esta gente por las limitaciones impuestas en sus futuras oportunidades laborales con el pago de una compensación por 800 U.F. para los directores y 420 UF para los profesionales, siempre que su salida no obedezca a medidas disciplinarias, y destacó que estas compensaciones deberán ser devueltas en caso de retornar a la Administración Pública antes de cumplirse el plazo de inhabilidad.
Por último, Jaime Mulet resaltó que las trasgresiones a esta normativa serán sancionadas con la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años, además de la devolución de la compensación cancelada.
DIPUTADO DÍAZ CELEBRA APOYO A PYMES AUNQUE CONFÍA EN QUE SE HAGA PERMANENTE
El diputado independiente Eduardo Díaz Del Río valoró como un paso en la dirección correcta el proyecto de ley que permitirá a los pequeños y microempresarios descontar de sus impuestos los
El crédito tributario del artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Es por todo lo señalado que nuestro sistema tributario contempla un incentivo que promueve la inversión en activo fijo, contenido en el artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esta norma ofrece un crédito contra el impuesto de primera categoría, por un monto equivalente a 4% del valor de la inversión realizada en activo fijo, con un tope anual de 500 UTM.
Es por todo esto que el año 2006 propusimos elevar transitoriamente este crédito, con vigencia entre 2007 y 2009, para todas las empresas del país. Entonces, con acuerdo unánime del Congreso, incrementamos la tasa de 4% a 6% (un 50%) y el tope de 500 a 650 UTM (un 30%).
No es coincidencia que el 2007 haya sido un año record para la inversión, que ha crecido a una tasa de 11,2%, esto es, llegando a más de 25% del PIB.
Así, por los años 2008 a 2011, conforme a esta iniciativa, las inversiones en activo fijo de las empresas con ventas inferiores a 100 mil UF al año, contarán con un crédito tributario de 8%, duplicando la tasa de crédito prevista en la ley, al tiempo que mantendrán el tope más elevado de 650 UTM.
Esta norma se aplicará a contribuyentes cuyos ingresos anuales por ventas y servicios del giro no hayan superado, ninguno de los dos años anteriores a aquél en que pretendan impetrar el crédito, el equivalente a cien mil unidades de fomento. También se aplicará a los contribuyentes que no registren ventas en los dos años anteriores, en la medida que en el año en que pretendan impetrar el crédito tampoco superen dicho límite. Para estos efectos, los ingresos por ventas y servicios se considerarán por sus valores descontado el impuesto al valor agregado. Asimismo, las cantidades expresadas en unidades de fomento se calcularán de acuerdo al valor de dicha unidad para el último día hábil del período respectivo.”
El crédito tributario del artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Es por todo lo señalado que nuestro sistema tributario contempla un incentivo que promueve la inversión en activo fijo, contenido en el artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esta norma ofrece un crédito contra el impuesto de primera categoría, por un monto equivalente a 4% del valor de la inversión realizada en activo fijo, con un tope anual de 500 UTM.
Es por todo esto que el año 2006 propusimos elevar transitoriamente este crédito, con vigencia entre 2007 y 2009, para todas las empresas del país. Entonces, con acuerdo unánime del Congreso, incrementamos la tasa de 4% a 6% (un 50%) y el tope de 500 a 650 UTM (un 30%).
No es coincidencia que el 2007 haya sido un año record para la inversión, que ha crecido a una tasa de 11,2%, esto es, llegando a más de 25% del PIB.
Así, por los años 2008 a 2011, conforme a esta iniciativa, las inversiones en activo fijo de las empresas con ventas inferiores a 100 mil UF al año, contarán con un crédito tributario de 8%, duplicando la tasa de crédito prevista en la ley, al tiempo que mantendrán el tope más elevado de 650 UTM.
Esta norma se aplicará a contribuyentes cuyos ingresos anuales por ventas y servicios del giro no hayan superado, ninguno de los dos años anteriores a aquél en que pretendan impetrar el crédito, el equivalente a cien mil unidades de fomento. También se aplicará a los contribuyentes que no registren ventas en los dos años anteriores, en la medida que en el año en que pretendan impetrar el crédito tampoco superen dicho límite. Para estos efectos, los ingresos por ventas y servicios se considerarán por sus valores descontado el impuesto al valor agregado. Asimismo, las cantidades expresadas en unidades de fomento se calcularán de acuerdo al valor de dicha unidad para el último día hábil del período respectivo.”
viernes, 25 de abril de 2008
DIPUTADO ARAYA PIDE ANTECEDENTES SOBRE TRABAJOS EN ESTADIO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
El diputado Pedro Araya solicitó a la Municipalidad de Antofagasta, por medio de un oficio de la Cámara de Diputados, para que proporcione los fundamentos técnicos y económicos que se tuvieron en cuenta para impulsar un ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Regional de la ciudad.
Al intervenir en la Hora de Incidentes, Araya pidió especialmente antecedentes sobre el proceso de licitación del proyecto, con el fin de despejar cualquier duda acerca de la elección de la empresa ejecutora de las obras y, de ser necesario, solicitar la intervención de la Contraloría General de la República, indicando que el municipio no ha proporcionado la información requerida, aunque se ha podido saber que de los 85 millones de pesos originales del proyecto ya se habrían gastado unos 200 millones.
El parlamentario explicó que existen aprehensiones respecto a la iniciativa del alcalde Daniel Adaro para demoler parte de las galerías en el sector norte con el propósito de levantar un escenario, argumentando que se puede producir un daño a las instituciones deportivas, al reducir la capacidad del recinto en unas tres mil localidades justo en el sector de mayor venta y, por lo tanto, los ingresos de estas instituciones, con lo que se afectaría el proyecto del principal club de fútbol de la ciudad.
Para evitar suspicacias, el diputado Araya aclaró que “no soy un asiduo visitante del estadio: Sólo voy una vez al año, cuando juega Colo-Colo, pero en los últimos se me acercaron deportistas de la Región de Antofagasta, específicamente personas ligadas al Club de Deportes Antofagasta, que no entienden la razón que tuvo el alcalde para destruir una parte del estadio”.
Por otra parte, en relación a la idea de construir un escenario permanente, Pedro Araya cuestionó la necesidad de una obra de esta naturaleza por la escasa presentación de eventos artísticos en la zona, además de indicar que lo habitual es que los propios organizadores de eventos que requieren un escenario dispongan de instalaciones desmontables, junto a lo cual advirtió que un escenario permanente puede no cumplir con los requerimientos de quienes utilicen el Estadio Regional para encuentros masivos y, en definitiva, convertirse en una molestia más que una ayuda.
PREOCUPA AUMENTO DE NARCOTRÁFICO EN ANTOGASTA
En su intervención, el diputado Pedro Araya pidió también oficiar al general director de Carabineros José Bernales y al director general de la Policía de Investigaciones Arturo Herrera, para que destinen más funcionarios especializados en el combate al narcotráfico para la ciudad de Antofagasta, atendiendo a antecedentes que muestran un aumento del consumo, del tráfico y del volumen de drogas incautadas en la capital regional en comparación a las cifras de hace sólo dos años.
Araya explicó que en los últimos días recibió muestras de preocupación de organizaciones vecinales del sector norte, de las calles Río Maule y María Elena; de la población “René Schneider” del sector centro y de la población “El Golf”.
El parlamentario enfatizó que las peticiones de refuerzo de personal están focalizadas para la Unidad de Narcóticos de Investigaciones y para OS-7 en el caso de Carabineros, ya que estas entidades especializadas se han ido viendo disminuidas en el tiempo, perdiendo parte de su capacidad para asegurar el respeto a la ley.
Al intervenir en la Hora de Incidentes, Araya pidió especialmente antecedentes sobre el proceso de licitación del proyecto, con el fin de despejar cualquier duda acerca de la elección de la empresa ejecutora de las obras y, de ser necesario, solicitar la intervención de la Contraloría General de la República, indicando que el municipio no ha proporcionado la información requerida, aunque se ha podido saber que de los 85 millones de pesos originales del proyecto ya se habrían gastado unos 200 millones.
El parlamentario explicó que existen aprehensiones respecto a la iniciativa del alcalde Daniel Adaro para demoler parte de las galerías en el sector norte con el propósito de levantar un escenario, argumentando que se puede producir un daño a las instituciones deportivas, al reducir la capacidad del recinto en unas tres mil localidades justo en el sector de mayor venta y, por lo tanto, los ingresos de estas instituciones, con lo que se afectaría el proyecto del principal club de fútbol de la ciudad.
Para evitar suspicacias, el diputado Araya aclaró que “no soy un asiduo visitante del estadio: Sólo voy una vez al año, cuando juega Colo-Colo, pero en los últimos se me acercaron deportistas de la Región de Antofagasta, específicamente personas ligadas al Club de Deportes Antofagasta, que no entienden la razón que tuvo el alcalde para destruir una parte del estadio”.
Por otra parte, en relación a la idea de construir un escenario permanente, Pedro Araya cuestionó la necesidad de una obra de esta naturaleza por la escasa presentación de eventos artísticos en la zona, además de indicar que lo habitual es que los propios organizadores de eventos que requieren un escenario dispongan de instalaciones desmontables, junto a lo cual advirtió que un escenario permanente puede no cumplir con los requerimientos de quienes utilicen el Estadio Regional para encuentros masivos y, en definitiva, convertirse en una molestia más que una ayuda.
PREOCUPA AUMENTO DE NARCOTRÁFICO EN ANTOGASTA
En su intervención, el diputado Pedro Araya pidió también oficiar al general director de Carabineros José Bernales y al director general de la Policía de Investigaciones Arturo Herrera, para que destinen más funcionarios especializados en el combate al narcotráfico para la ciudad de Antofagasta, atendiendo a antecedentes que muestran un aumento del consumo, del tráfico y del volumen de drogas incautadas en la capital regional en comparación a las cifras de hace sólo dos años.
Araya explicó que en los últimos días recibió muestras de preocupación de organizaciones vecinales del sector norte, de las calles Río Maule y María Elena; de la población “René Schneider” del sector centro y de la población “El Golf”.
El parlamentario enfatizó que las peticiones de refuerzo de personal están focalizadas para la Unidad de Narcóticos de Investigaciones y para OS-7 en el caso de Carabineros, ya que estas entidades especializadas se han ido viendo disminuidas en el tiempo, perdiendo parte de su capacidad para asegurar el respeto a la ley.
DIPUTADOS INDEPENDIENTES SE MARGINAN DE ELECCIÓN DE LA CÁMARA
Tras ser marginados del acuerdo para definir las próximas autoridades de la Cámara de Diputados, los siete integrantes de la Bancada de Diputados Independientes decidieron retirarse de la Sala durante la votación para seguir el proceso desde la tribuna, desde donde extendieron un lienzo que decía “DC+PS+PPD+PR+UDI+RN = Concertación”.
Tras concluir el proceso y luego que el nuevo presidente de la Cámara Juan Bustos hiciera su discurso, el jefe de la Bancada de Diputados Independientes Pedro Araya explicó el sentido de la protesta.
Araya señaló que “como muy bien lo dijo ayer la senadora Soledad Alvear, hoy día en la Cámara de Diputados ha ganado el candidato de la Derecha la Presidencia de la Cámara” y precisó que los independientes “al no votar, hemos querido decirle al país que hay un grupo de diputados que no se vende por cargos y que está preocupado de lo que le está pasando a la clase media, a los trabajadores, a los campesinos”.
Reafirmó asimismo su compromiso en cuanto a que “vamos a ejercer todas nuestras atribuciones a fin de que el Gobierno y la Alianza entiendan que hoy día el escenario político, como muy bien lo dijo Adolfo Zaldívar, está cambiando, que hay gente que no se siente representada ni por la Concertación ni por la Alianza y esperamos que el nuevo referente que ha surgido a partir del día de hoy sea una real oportunidad de esperanza para miles de chilenos que ven cómo el desarrollo les pasa por el lado”.
Frente a una consulta sobre el hecho de que en el Senado Adolfo Zaldívar fue electo con el apoyo de la Alianza, el diputado Pedro Araya replicó que “es distinta la situación de Adolfo Zaldívar: Él fue expulsado de un partido político. Nadie puede pedirle a él un mínimo compromiso de donde ha sido echado”.
Por último, el Jefe de la Bancada de Diputados Independientes reafirmó que “estamos dispuestos a apoyar al Gobierno de la Presidenta Bachelet en todas aquellas iniciativas que sean buenas. Pero si hay irregularidades, si se han cometido fraudes, vamos a ejercer nuestras atribuciones fiscalizadoras, que no están a la venta ni se negocian con cargos ni con ningún tipo de prebendas”.
Tras concluir el proceso y luego que el nuevo presidente de la Cámara Juan Bustos hiciera su discurso, el jefe de la Bancada de Diputados Independientes Pedro Araya explicó el sentido de la protesta.
Araya señaló que “como muy bien lo dijo ayer la senadora Soledad Alvear, hoy día en la Cámara de Diputados ha ganado el candidato de la Derecha la Presidencia de la Cámara” y precisó que los independientes “al no votar, hemos querido decirle al país que hay un grupo de diputados que no se vende por cargos y que está preocupado de lo que le está pasando a la clase media, a los trabajadores, a los campesinos”.
Reafirmó asimismo su compromiso en cuanto a que “vamos a ejercer todas nuestras atribuciones a fin de que el Gobierno y la Alianza entiendan que hoy día el escenario político, como muy bien lo dijo Adolfo Zaldívar, está cambiando, que hay gente que no se siente representada ni por la Concertación ni por la Alianza y esperamos que el nuevo referente que ha surgido a partir del día de hoy sea una real oportunidad de esperanza para miles de chilenos que ven cómo el desarrollo les pasa por el lado”.
Frente a una consulta sobre el hecho de que en el Senado Adolfo Zaldívar fue electo con el apoyo de la Alianza, el diputado Pedro Araya replicó que “es distinta la situación de Adolfo Zaldívar: Él fue expulsado de un partido político. Nadie puede pedirle a él un mínimo compromiso de donde ha sido echado”.
Por último, el Jefe de la Bancada de Diputados Independientes reafirmó que “estamos dispuestos a apoyar al Gobierno de la Presidenta Bachelet en todas aquellas iniciativas que sean buenas. Pero si hay irregularidades, si se han cometido fraudes, vamos a ejercer nuestras atribuciones fiscalizadoras, que no están a la venta ni se negocian con cargos ni con ningún tipo de prebendas”.
DIPUTADO DÍAZ PIDE SUSPENDER CONTRIBUCIONES PARA PROPIEDADES AGRÍCOLAS
El Comité de Diputados Independientes formuló un llamado al Gobierno para que patrocine un proyecto de ley preparado por el grupo parlamentario para suspender por tres años el cobro de las contribuciones de los bienes raíces agrícolas, con el propósito de ir en ayuda de miles de productores a lo largo del país que están sufriendo las consecuencias de la sequía y del bajo nivel dólar en el caso de los exportadores.
El diputado Eduardo Díaz expresó su esperanza en que “el Gobierno se ‘ponga las pilas’ y apoye el proyecto, porque hemos visto que hay una calamidad pública en la agricultura que están viviendo los campesinos mapuches y los campesinos en general en que, por producto de la sequía, están con una condición económica catastrófica. Las épocas de catástrofe requieren medidas que no sean ortodoxas ni que sean tan puristas del punto de vista económico, sino medidas con las que se pueda socorrer a esta gente”.
El Jefe del Comité de Diputados Independientes Pedro Araya indicó que “nosotros estamos preocupados de la gente, de los problemas que tienen los agricultores y están sufriendo miles de chilenos. Esa es nuestra preocupación hoy día y nuestro objetivo es que el Gobierno nos escuche en este tema”, en tanto que la diputada e integrante de la Comisión de Agricultura Alejandra Sepúlveda estimó en más de 200 mil los eventuales beneficiarios del proyecto.
La diputada Sepúlveda agregó que esperan contar con el apoyo del presidente del Senado Adolfo Zaldívar para pedir al Ministerio de Hacienda su respaldo a la iniciativa propuesta, argumentando que “hoy día no basta con entregar 19 fardos de pasto. Eso es lo que está haciendo el Gobierno y eso no es suficiente. Lo que proponemos es una medida de mediano plazo que permita no sacar más recursos a los agricultores, porque las sequías y las heladas han llegado para quedarse en Chile, y lo que pedimos es una señal política a un sector tan importante como es la agricultura, y en forma muy especial a la pequeña y mediana agricultura. Esperamos que el Ministro de Hacienda abra un poco la ‘manito’ y que ayude a un sector que entrega importantes recursos a la economía chilena”.
El diputado Esteban Valenzuela indicó que el respaldo al proyecto depende de que “los sectores autoritarios de la Concertación levanten los vetos” y enfatizó que el daño a la agricultura es de carácter estratégico para el conjunto de la economía porque los pequeños productores pueden desaparecer. “Por eso estamos haciendo un llamado -explicó- y estamos estudiando otros mecanismos, pero lo fundamental hoy día es que demos un alivio al menos por el lado de las contribuciones. El Gobierno y el ministro Velasco no pueden estar sólo con paliativos, con medidas pequeñas.”
Finalmente, el diputado Jaime Mulet enfatizó que las menores recaudaciones por esta suspensión de las contribuciones para los municipios deben ser compensadas y planteó como sugerencia que se utilice el 2 por ciento constitucional para catástrofes, atendiendo a que ya hay más de 200 comunas decretadas como zona de catástrofe.
“Y lo hacemos simbólicamente hoy día –agregó Mulet- porque en medio de la batahola política que hay queremos decirle a la gente que los independientes vamos a estar preocupados de los temas que le interesan a la gente que tiene dificultades. Hoy día nuestro país tiene plata, acabamos de aprobar un proyecto para ayudar a algunas empresas eléctricas que cuesta diez millones de dólares al erario nacional, y aquí se trata de ayudar a miles de pequeños agricultores”.
Mulet concluyó señalando que se ha estimado que el costo de la suspensión de las contribuciones podría llegar a 65 millones de dólares, para recalcar a continuación que “este país está inundado de plata producto de las entradas que vienen por el lado de la minería y el propio Ministro de Energía, el Gobierno, nos dijo que estamos en la peor sequía de los últimos 50 años, y eso se llama ‘catástrofe’. Aquí hay plata, lo que falta es voluntad para ayudar a los agricultores y esta es una manera relativamente fácil. Esperamos que la ortodoxia no ciegue al Ministro de Hacienda”.
El diputado Eduardo Díaz expresó su esperanza en que “el Gobierno se ‘ponga las pilas’ y apoye el proyecto, porque hemos visto que hay una calamidad pública en la agricultura que están viviendo los campesinos mapuches y los campesinos en general en que, por producto de la sequía, están con una condición económica catastrófica. Las épocas de catástrofe requieren medidas que no sean ortodoxas ni que sean tan puristas del punto de vista económico, sino medidas con las que se pueda socorrer a esta gente”.
El Jefe del Comité de Diputados Independientes Pedro Araya indicó que “nosotros estamos preocupados de la gente, de los problemas que tienen los agricultores y están sufriendo miles de chilenos. Esa es nuestra preocupación hoy día y nuestro objetivo es que el Gobierno nos escuche en este tema”, en tanto que la diputada e integrante de la Comisión de Agricultura Alejandra Sepúlveda estimó en más de 200 mil los eventuales beneficiarios del proyecto.
La diputada Sepúlveda agregó que esperan contar con el apoyo del presidente del Senado Adolfo Zaldívar para pedir al Ministerio de Hacienda su respaldo a la iniciativa propuesta, argumentando que “hoy día no basta con entregar 19 fardos de pasto. Eso es lo que está haciendo el Gobierno y eso no es suficiente. Lo que proponemos es una medida de mediano plazo que permita no sacar más recursos a los agricultores, porque las sequías y las heladas han llegado para quedarse en Chile, y lo que pedimos es una señal política a un sector tan importante como es la agricultura, y en forma muy especial a la pequeña y mediana agricultura. Esperamos que el Ministro de Hacienda abra un poco la ‘manito’ y que ayude a un sector que entrega importantes recursos a la economía chilena”.
El diputado Esteban Valenzuela indicó que el respaldo al proyecto depende de que “los sectores autoritarios de la Concertación levanten los vetos” y enfatizó que el daño a la agricultura es de carácter estratégico para el conjunto de la economía porque los pequeños productores pueden desaparecer. “Por eso estamos haciendo un llamado -explicó- y estamos estudiando otros mecanismos, pero lo fundamental hoy día es que demos un alivio al menos por el lado de las contribuciones. El Gobierno y el ministro Velasco no pueden estar sólo con paliativos, con medidas pequeñas.”
Finalmente, el diputado Jaime Mulet enfatizó que las menores recaudaciones por esta suspensión de las contribuciones para los municipios deben ser compensadas y planteó como sugerencia que se utilice el 2 por ciento constitucional para catástrofes, atendiendo a que ya hay más de 200 comunas decretadas como zona de catástrofe.
“Y lo hacemos simbólicamente hoy día –agregó Mulet- porque en medio de la batahola política que hay queremos decirle a la gente que los independientes vamos a estar preocupados de los temas que le interesan a la gente que tiene dificultades. Hoy día nuestro país tiene plata, acabamos de aprobar un proyecto para ayudar a algunas empresas eléctricas que cuesta diez millones de dólares al erario nacional, y aquí se trata de ayudar a miles de pequeños agricultores”.
Mulet concluyó señalando que se ha estimado que el costo de la suspensión de las contribuciones podría llegar a 65 millones de dólares, para recalcar a continuación que “este país está inundado de plata producto de las entradas que vienen por el lado de la minería y el propio Ministro de Energía, el Gobierno, nos dijo que estamos en la peor sequía de los últimos 50 años, y eso se llama ‘catástrofe’. Aquí hay plata, lo que falta es voluntad para ayudar a los agricultores y esta es una manera relativamente fácil. Esperamos que la ortodoxia no ciegue al Ministro de Hacienda”.
DIPUTADOS INDEPENDIENTES PROPONEN PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE EL COBRO DE IMPUESTO TERRITORIAL A BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS
Considerando las graves dificultades que afectan a la agricultura nacional, en especial a los pequeños productores, derivadas de la pérdida de competitividad, la sequía y las fluctuaciones del tipo de cambio, así como el impacto de los problemas de este sector en la economía nacional y su incidencia en el empleo, se ha llegado a un punto en el que se hace necesaria una intervención más decidida del Estado en la protección de una actividad que no puede ser dejada a merced del mercado.
Por otra parte, la comunidad nacional ha visto en el último tiempo que existen condiciones financieras óptimas para un esfuerzo de la naturaleza que se propone, por la estabilidad de los índices macroeconómicos y los mayores ingresos derivados del alto precio del cobre.
Adicionalmente, tenemos la convicción de que el crecimiento del país debe ser homogéneo y servir para garantizar a todos los chilenos, con independencia de su lugar de residencia, las condiciones necesarias para su progreso material.
El Impuesto Territorial, se conoce comúnmente como contribuciones a los bienes raíces, consiste en el tributo que se aplica sobre el avalúo fiscal de las propiedades determinado por el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a las normas de la Ley Nº 17.235.
El producto de la recolección de este impuesto se incorpora en su totalidad a los fondos municipales permitiendo la implementación de servicios a la comunidad, tales como educación, salud, electrificación, pavimentación, entre otros.
Para efectos de la aplicación del Impuesto Territorial, los bienes raíces se clasifican en agrícolas y no agrícolas, cuyos avalúos se determinan según metodologías diferentes.
Sin perjuicio de que la proporción de impuestos recaudados por el pago de contribuciones por bienes raíces no agrícolas son proporcionalmente poco significativos, ya que representan alrededor de un 0,6% del total, se hace necesario compensar a los municipios de las comunas rurales por los eventuales detrimentos presupuestarios que pudieran sufrir por el proyecto de ley que se propone, es que planteamos también un mecanismo de compensación junto con el beneficio para los propietarios de bienes raíces agrícolas.
En virtud de los antecedentes expuestos, venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: “Suspéndase el cobro a los inmuebles de la serie establecidos en la letra a) del artículo 1°, de la ley Nº 17.235 que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley sobre impuesto territorial., durante los años 2008,2009 y 2010”
Artículo 2°: “ La menor recaudación que produzca la aplicación de esta ley para los municipios, deberá ser compensada mediante una reasignación presupuestaria”
Por otra parte, la comunidad nacional ha visto en el último tiempo que existen condiciones financieras óptimas para un esfuerzo de la naturaleza que se propone, por la estabilidad de los índices macroeconómicos y los mayores ingresos derivados del alto precio del cobre.
Adicionalmente, tenemos la convicción de que el crecimiento del país debe ser homogéneo y servir para garantizar a todos los chilenos, con independencia de su lugar de residencia, las condiciones necesarias para su progreso material.
El Impuesto Territorial, se conoce comúnmente como contribuciones a los bienes raíces, consiste en el tributo que se aplica sobre el avalúo fiscal de las propiedades determinado por el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a las normas de la Ley Nº 17.235.
El producto de la recolección de este impuesto se incorpora en su totalidad a los fondos municipales permitiendo la implementación de servicios a la comunidad, tales como educación, salud, electrificación, pavimentación, entre otros.
Para efectos de la aplicación del Impuesto Territorial, los bienes raíces se clasifican en agrícolas y no agrícolas, cuyos avalúos se determinan según metodologías diferentes.
Sin perjuicio de que la proporción de impuestos recaudados por el pago de contribuciones por bienes raíces no agrícolas son proporcionalmente poco significativos, ya que representan alrededor de un 0,6% del total, se hace necesario compensar a los municipios de las comunas rurales por los eventuales detrimentos presupuestarios que pudieran sufrir por el proyecto de ley que se propone, es que planteamos también un mecanismo de compensación junto con el beneficio para los propietarios de bienes raíces agrícolas.
En virtud de los antecedentes expuestos, venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: “Suspéndase el cobro a los inmuebles de la serie establecidos en la letra a) del artículo 1°, de la ley Nº 17.235 que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley sobre impuesto territorial., durante los años 2008,2009 y 2010”
Artículo 2°: “ La menor recaudación que produzca la aplicación de esta ley para los municipios, deberá ser compensada mediante una reasignación presupuestaria”
TRAS INTERVENCION DE DIPUTADA SEPULVEDA CÁMARA DE DIPUTADOS PIDE INCORPORAR A DISCAPACITADOS EN PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Su satisfacción, expresó la diputada Alejandra Sepúlveda, por la aprobación unánime del proyecto de acuerdo propuesta para incorporar a las personas discapacitadas en los programas públicas de financiamiento del deporte, precisando que en el ámbito de las competencias especiales nuestro país ha tenido importantes triunfos que deben ser respaldados por el Estado.
Alejandra Sepúlveda explicó que el proyecto de acuerdo, propuesto por diez parlamentarios de todos los sectores, reconoce el esfuerzo hecho por los deportistas nacionales, en particular en las últimas Olimpiadas Especiales de Shangai, desarrolladas el pasado mes de octubre, en donde la selección chilena obtuvo 30 medallas y su mejor resultado en este tipo de competencias internacionales..
La diputada Sepúlveda defendió ante la Cámara la necesidad de aprobar este proyecto, en su calidad de integrante de la Comisión Especial sobre Discapacitados, y explicó que a pesar de los reconocimientos a los atletas chilenos que sufren algún tipo de discapacidad, nuestra institucionalidad no explicita la forma de darles apoyo para su actividad.
Por esta razón, el proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados pide a la Presidenta de la República que las personas discapacitadas sean consideradas en los programas de financiamiento público.
Del mismo modo, el proyecto de acuerdo solicita a la máxima autoridad del país que se proporcione el respaldo necesario a los deportistas discapacitados para que puedan enfrentar futuras competencias y que se les garantice un porcentaje mínimo de los recursos destinados a la promoción del deporte.
Por último, la diputada Sepúlveda explicó que con este proyecto la Cámara Baja pide al Ejecutivo que se asigne un cupo mínimo a las personas discapacitadas dentro del Programa de Deportistas de Alto Rendimiento (PRODDAR), todo lo cual apunta a que estos atletas no sigan dependiendo de manera casi exclusiva del apoyo de sus familias.
Alejandra Sepúlveda explicó que el proyecto de acuerdo, propuesto por diez parlamentarios de todos los sectores, reconoce el esfuerzo hecho por los deportistas nacionales, en particular en las últimas Olimpiadas Especiales de Shangai, desarrolladas el pasado mes de octubre, en donde la selección chilena obtuvo 30 medallas y su mejor resultado en este tipo de competencias internacionales..
La diputada Sepúlveda defendió ante la Cámara la necesidad de aprobar este proyecto, en su calidad de integrante de la Comisión Especial sobre Discapacitados, y explicó que a pesar de los reconocimientos a los atletas chilenos que sufren algún tipo de discapacidad, nuestra institucionalidad no explicita la forma de darles apoyo para su actividad.
Por esta razón, el proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados pide a la Presidenta de la República que las personas discapacitadas sean consideradas en los programas de financiamiento público.
Del mismo modo, el proyecto de acuerdo solicita a la máxima autoridad del país que se proporcione el respaldo necesario a los deportistas discapacitados para que puedan enfrentar futuras competencias y que se les garantice un porcentaje mínimo de los recursos destinados a la promoción del deporte.
Por último, la diputada Sepúlveda explicó que con este proyecto la Cámara Baja pide al Ejecutivo que se asigne un cupo mínimo a las personas discapacitadas dentro del Programa de Deportistas de Alto Rendimiento (PRODDAR), todo lo cual apunta a que estos atletas no sigan dependiendo de manera casi exclusiva del apoyo de sus familias.
DIPUTADO MULET APOYA PROYECTO DE REBAJA A LOS COMBUSTIBLES
Como un aporte efectivo a las alzas en el costo de la vida de los chilenos, calificó el diputado independiente Jaime Mulet el proyecto de ley que reduce temporalmente el impuesto a los combustibles, precisando que confía en la responsabilidad social de los empresarios para que el impacto favorable de esta medida en sus costos sea traspasado al público.
Mulet explicó que el proyecto propuesto por el Gobierno, que incidiría en una baja de alrededor de 50 pesos para los combustibles destinados a los automóviles, incluye además beneficios significativos en otros ámbitos, como la focalización de la baja en el impuesto establecido en la ley de timbres y estampillas para los pequeños y medianos empresarios; la ampliación del beneficio tributario para la construcción de viviendas; y medidas de estímulo a la adquisición de vehículos de combustión híbrida, es decir capaces de operar tanto con bencina como con electricidad.
El parlamentario independiente recalcó que su sector apoyará todas las propuestas del Gobierno que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas, incluso cuando se consideren insuficientes, ya que es preferible avanzar en la dirección correcta y luego buscar una profundización de las políticas públicas, que paralizar cualquier ayuda por discusiones que no logren zanjar las distintas visiones sobre el rol del Estado.
En este sentido, Jaime Mulet argumentó que el proyecto tiene aspectos importantes que deben servir como base para futuras iniciativas, como la promoción a la compra de vehículos híbridos, y una quinta medida que no requiere la aprobación del Parlamento, consistente en la entrega de cinco millones de dólares para la investigación en biocombustibles.
Agregó que Chile tiene que prepararse con la debida antelación para la progresiva escasez y encarecimiento de los combustibles basados en el petróleo, de modo que no se llegue a situaciones criticas como es el caso de la energía eléctrica, y poder desarrollar tecnologías que ayudan a evitar la dependencia de proveedores externos.
Mulet explicó que el proyecto propuesto por el Gobierno, que incidiría en una baja de alrededor de 50 pesos para los combustibles destinados a los automóviles, incluye además beneficios significativos en otros ámbitos, como la focalización de la baja en el impuesto establecido en la ley de timbres y estampillas para los pequeños y medianos empresarios; la ampliación del beneficio tributario para la construcción de viviendas; y medidas de estímulo a la adquisición de vehículos de combustión híbrida, es decir capaces de operar tanto con bencina como con electricidad.
El parlamentario independiente recalcó que su sector apoyará todas las propuestas del Gobierno que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas, incluso cuando se consideren insuficientes, ya que es preferible avanzar en la dirección correcta y luego buscar una profundización de las políticas públicas, que paralizar cualquier ayuda por discusiones que no logren zanjar las distintas visiones sobre el rol del Estado.
En este sentido, Jaime Mulet argumentó que el proyecto tiene aspectos importantes que deben servir como base para futuras iniciativas, como la promoción a la compra de vehículos híbridos, y una quinta medida que no requiere la aprobación del Parlamento, consistente en la entrega de cinco millones de dólares para la investigación en biocombustibles.
Agregó que Chile tiene que prepararse con la debida antelación para la progresiva escasez y encarecimiento de los combustibles basados en el petróleo, de modo que no se llegue a situaciones criticas como es el caso de la energía eléctrica, y poder desarrollar tecnologías que ayudan a evitar la dependencia de proveedores externos.
DIPUTADO VALENZUELA PROPONE COMPENSACIÓN PARA EXPORTADORES NACIONALES
La aplicación de un mecanismo de compensación para los pequeños y medianos exportadores de la industria manufacturera y de la agricultura, propuso el diputado de Chile Primero Esteban Valenzuela, con el fin de aliviar las dificultades generadas por la baja de la cotización del dólar.
Valenzuela explicó que este mecanismo -denominado “draw back”- se utiliza habitualmente en otros países cuando las condiciones de los mercados afectan la competitividad de los productores, como ocurre con la actual situación del dólar en que, si bien se recupera parte del efecto por el menor costo relativo de los combustibles importados, se ha producido un fuerte impacto en el sector exportador.
El parlamentario hizo su propuesta a través de un oficio de la Cámara de Diputados al Ministro de Hacienda, y precisó que su propuesta está destinada específicamente a los pequeños y medianos productores, dado que en este grupo el efecto social de la iniciativa es más amplio y porque las grandes empresas exportadoras tienen acceso a instrumentos financieros para sortear las dificultades causadas por la baja del dólar.
Del mismo modo, Esteban Valenzuela indicó que esta medida puede tener una vigencia definida o activarse de manera automática cada vez que un factor relevante en el proceso productivo, como la variación del tipo de cambio, exceda determinados límites, con lo que se evita que en cada oportunidad se genere una polémica respecto al grado de protección que deba proporcionar el Estado y los sectores afectados tengan que ejercer presión sobre el Gobierno para resolver sus problemas.
Valenzuela explicó que este mecanismo -denominado “draw back”- se utiliza habitualmente en otros países cuando las condiciones de los mercados afectan la competitividad de los productores, como ocurre con la actual situación del dólar en que, si bien se recupera parte del efecto por el menor costo relativo de los combustibles importados, se ha producido un fuerte impacto en el sector exportador.
El parlamentario hizo su propuesta a través de un oficio de la Cámara de Diputados al Ministro de Hacienda, y precisó que su propuesta está destinada específicamente a los pequeños y medianos productores, dado que en este grupo el efecto social de la iniciativa es más amplio y porque las grandes empresas exportadoras tienen acceso a instrumentos financieros para sortear las dificultades causadas por la baja del dólar.
Del mismo modo, Esteban Valenzuela indicó que esta medida puede tener una vigencia definida o activarse de manera automática cada vez que un factor relevante en el proceso productivo, como la variación del tipo de cambio, exceda determinados límites, con lo que se evita que en cada oportunidad se genere una polémica respecto al grado de protección que deba proporcionar el Estado y los sectores afectados tengan que ejercer presión sobre el Gobierno para resolver sus problemas.
DIPUTADOS INDEPENDIENTES Y REGIONALISTAS PIDEN FONDOS PARA PAVIMENTAR CALLES EN REGIONES
El diputado de Chile Primero Esteban Valenzuela, en representación de la Bancada de Diputados Independientes y Regionalistas, pidió al Gobierno que entregue a las regiones fondos similares a los que se destinarán a la Región Metropolitana para tapar hoyos y reparar las calles.
El diputado Valenzuela intervino en la Hora de Incidentes de la Cámara para valorar el esfuerzo hecho por el Ejecutivo para destinar 150 mi millones de pesos a la reparación y repavimentación de las vías públicas de la Región Metropolitana, dentro de un programa que se extenderá hasta el 2010, pero argumentó la necesidad de que para las regiones también exista una meta ambiciosa como la anunciada por la Presidenta para la Región Metropolitana, consistente en que en dos años se termine el drama cotidiano de los hoyos”.
El parlamentario recalcó que “en un país centralista, como el nuestro, es el colmo que los municipios, por incompetencia o por falta de recursos, no logren mantener la vialidad urbana como corresponde”.
Esteban Valenzuela señaló que en regiones se requieren a lo menos 200 mil millones de pesos para solucionar los problemas urbanos, y dirigió un oficio al ministro de Hacienda Andrés Velasco para que el Ejecutivo se pronuncie sobre esta materia.
El oficio fue suscrito, además de Esteban Valenzuela, por los diputados independientes Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda, los RN Roberto Delmastro y Germán Becker, el socialista Alfonso De Urresti y el PPD Rodrigo González. En el documento se pide, además que el Ministerio de Hacienda informe al Parlamento sobre el origen de los dineros que se emplearán para arreglar las calles de la capital.
El diputado Valenzuela intervino en la Hora de Incidentes de la Cámara para valorar el esfuerzo hecho por el Ejecutivo para destinar 150 mi millones de pesos a la reparación y repavimentación de las vías públicas de la Región Metropolitana, dentro de un programa que se extenderá hasta el 2010, pero argumentó la necesidad de que para las regiones también exista una meta ambiciosa como la anunciada por la Presidenta para la Región Metropolitana, consistente en que en dos años se termine el drama cotidiano de los hoyos”.
El parlamentario recalcó que “en un país centralista, como el nuestro, es el colmo que los municipios, por incompetencia o por falta de recursos, no logren mantener la vialidad urbana como corresponde”.
Esteban Valenzuela señaló que en regiones se requieren a lo menos 200 mil millones de pesos para solucionar los problemas urbanos, y dirigió un oficio al ministro de Hacienda Andrés Velasco para que el Ejecutivo se pronuncie sobre esta materia.
El oficio fue suscrito, además de Esteban Valenzuela, por los diputados independientes Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda, los RN Roberto Delmastro y Germán Becker, el socialista Alfonso De Urresti y el PPD Rodrigo González. En el documento se pide, además que el Ministerio de Hacienda informe al Parlamento sobre el origen de los dineros que se emplearán para arreglar las calles de la capital.
DIPUTADO ARAYA ACUSA PARCIALIDAD DE LA COMISION QUE ANALIZA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
El jefe de la Bancada de Diputados Independientes Pedro Araya, acompañado de los diputados Eduardo Díaz y Carlos Olivares, afirmó que los integrantes de la Comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra la ministra de Educación Yasna Provoste, han eludido invitar a las personas que tengan información relevante sobre el caso, como el ex-ministro Martín Zilic o la subsecretaria Pilar Romaguera.
En este sentido, los diputados independientes anunciaron que en los próximos días se reunirán con el ex-ministro de Educación Martín Zilic para conocer los antecedentes necesarios para resolver su voto en la acusación constitucional, a la vez que se encuentran recibiendo antecedentes de diversos abogados constitucionalistas.
Araya indicó que la iniciativa de los independientes de reunirse con Zilic obedece a que la Comisión Investigadora “solamente ha decidido invitar a abogados constitucionalistas y no quiere conocer los hechos”, y agregó luego que “esta Comisión pierde seriedad al invitar a Joaquín Lavín, quien era un actor irrelevante en esta materia hasta que tuvo un pronunciamiento respecto a cómo él votaría la acusación constitucional. Aquí lo importante es que se invite a aquellas personas que están relacionadas con los hechos, como es el ex-ministro Zilic y Pilar Romaguera, que no han venido a esta comisión”.
El Jefe de los Diputados Independientes calificó como “absolutamente impresentable que la Comisión no quiera recibir al ex-ministro que inició esta investigación y no quiera saber qué es lo que ha pasado. Y más aún, nos llama la atención que prefiera invitar hoy día a Joaquín Lavín y no a quien inicio la investigación”
Consultado respecto a que Zilic habría sido invitado, Araya aclaró que “la información que tenemos nosotros, y es lo que él nos ha dicho, es que no ha recibido ninguna invitación. Acabamos de hablar con él hoy día en la mañana”.
Por su parte, el diputado Eduardo Díaz restó relevancia a la eventual asistencia de Zilic a la Comisión de Educación comentando que “curiosamente” se le ha puesto urgencia al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Educación “y con eso, como los tiempos de la acusación constitucional son cortos, probablemente tampoco se va a poder escuchar a Martín Zilic, que es relevante respecto a los hechos, para formarnos un juicio en relación a la acusación constitucional en la Comisión de Educación. A nosotros nos interesa que el Congreso pueda escuchar a estas personas que tienen antecedentes relevantes para que los diputados se puedan formar un juicio y tomar las decisiones correspondientes, más allá de las opiniones de otros actores que no son parlamentarios y que puedan estar a favor o en contra de la acusación”.
En este sentido, los diputados independientes anunciaron que en los próximos días se reunirán con el ex-ministro de Educación Martín Zilic para conocer los antecedentes necesarios para resolver su voto en la acusación constitucional, a la vez que se encuentran recibiendo antecedentes de diversos abogados constitucionalistas.
Araya indicó que la iniciativa de los independientes de reunirse con Zilic obedece a que la Comisión Investigadora “solamente ha decidido invitar a abogados constitucionalistas y no quiere conocer los hechos”, y agregó luego que “esta Comisión pierde seriedad al invitar a Joaquín Lavín, quien era un actor irrelevante en esta materia hasta que tuvo un pronunciamiento respecto a cómo él votaría la acusación constitucional. Aquí lo importante es que se invite a aquellas personas que están relacionadas con los hechos, como es el ex-ministro Zilic y Pilar Romaguera, que no han venido a esta comisión”.
El Jefe de los Diputados Independientes calificó como “absolutamente impresentable que la Comisión no quiera recibir al ex-ministro que inició esta investigación y no quiera saber qué es lo que ha pasado. Y más aún, nos llama la atención que prefiera invitar hoy día a Joaquín Lavín y no a quien inicio la investigación”
Consultado respecto a que Zilic habría sido invitado, Araya aclaró que “la información que tenemos nosotros, y es lo que él nos ha dicho, es que no ha recibido ninguna invitación. Acabamos de hablar con él hoy día en la mañana”.
Por su parte, el diputado Eduardo Díaz restó relevancia a la eventual asistencia de Zilic a la Comisión de Educación comentando que “curiosamente” se le ha puesto urgencia al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Educación “y con eso, como los tiempos de la acusación constitucional son cortos, probablemente tampoco se va a poder escuchar a Martín Zilic, que es relevante respecto a los hechos, para formarnos un juicio en relación a la acusación constitucional en la Comisión de Educación. A nosotros nos interesa que el Congreso pueda escuchar a estas personas que tienen antecedentes relevantes para que los diputados se puedan formar un juicio y tomar las decisiones correspondientes, más allá de las opiniones de otros actores que no son parlamentarios y que puedan estar a favor o en contra de la acusación”.
DIPUTADO ARAYA ACUSA PARCIALIDAD DE LA COMISION QUE ANALIZA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
El jefe de la Bancada de Diputados Independientes Pedro Araya, acompañado de los diputados Eduardo Díaz y Carlos Olivares, afirmó que los integrantes de la Comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra la ministra de Educación Yasna Provoste, han eludido invitar a las personas que tengan información relevante sobre el caso, como el ex-ministro Martín Zilic o la subsecretaria Pilar Romaguera.
En este sentido, los diputados independientes anunciaron que en los próximos días se reunirán con el ex-ministro de Educación Martín Zilic para conocer los antecedentes necesarios para resolver su voto en la acusación constitucional, a la vez que se encuentran recibiendo antecedentes de diversos abogados constitucionalistas.
Araya indicó que la iniciativa de los independientes de reunirse con Zilic obedece a que la Comisión Investigadora “solamente ha decidido invitar a abogados constitucionalistas y no quiere conocer los hechos”, y agregó luego que “esta Comisión pierde seriedad al invitar a Joaquín Lavín, quien era un actor irrelevante en esta materia hasta que tuvo un pronunciamiento respecto a cómo él votaría la acusación constitucional. Aquí lo importante es que se invite a aquellas personas que están relacionadas con los hechos, como es el ex-ministro Zilic y Pilar Romaguera, que no han venido a esta comisión”.
El Jefe de los Diputados Independientes calificó como “absolutamente impresentable que la Comisión no quiera recibir al ex-ministro que inició esta investigación y no quiera saber qué es lo que ha pasado. Y más aún, nos llama la atención que prefiera invitar hoy día a Joaquín Lavín y no a quien inicio la investigación”
Consultado respecto a que Zilic habría sido invitado, Araya aclaró que “la información que tenemos nosotros, y es lo que él nos ha dicho, es que no ha recibido ninguna invitación. Acabamos de hablar con él hoy día en la mañana”.
Por su parte, el diputado Eduardo Díaz restó relevancia a la eventual asistencia de Zilic a la Comisión de Educación comentando que “curiosamente” se le ha puesto urgencia al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Educación “y con eso, como los tiempos de la acusación constitucional son cortos, probablemente tampoco se va a poder escuchar a Martín Zilic, que es relevante respecto a los hechos, para formarnos un juicio en relación a la acusación constitucional en la Comisión de Educación. A nosotros nos interesa que el Congreso pueda escuchar a estas personas que tienen antecedentes relevantes para que los diputados se puedan formar un juicio y tomar las decisiones correspondientes, más allá de las opiniones de otros actores que no son parlamentarios y que puedan estar a favor o en contra de la acusación”.
En este sentido, los diputados independientes anunciaron que en los próximos días se reunirán con el ex-ministro de Educación Martín Zilic para conocer los antecedentes necesarios para resolver su voto en la acusación constitucional, a la vez que se encuentran recibiendo antecedentes de diversos abogados constitucionalistas.
Araya indicó que la iniciativa de los independientes de reunirse con Zilic obedece a que la Comisión Investigadora “solamente ha decidido invitar a abogados constitucionalistas y no quiere conocer los hechos”, y agregó luego que “esta Comisión pierde seriedad al invitar a Joaquín Lavín, quien era un actor irrelevante en esta materia hasta que tuvo un pronunciamiento respecto a cómo él votaría la acusación constitucional. Aquí lo importante es que se invite a aquellas personas que están relacionadas con los hechos, como es el ex-ministro Zilic y Pilar Romaguera, que no han venido a esta comisión”.
El Jefe de los Diputados Independientes calificó como “absolutamente impresentable que la Comisión no quiera recibir al ex-ministro que inició esta investigación y no quiera saber qué es lo que ha pasado. Y más aún, nos llama la atención que prefiera invitar hoy día a Joaquín Lavín y no a quien inicio la investigación”
Consultado respecto a que Zilic habría sido invitado, Araya aclaró que “la información que tenemos nosotros, y es lo que él nos ha dicho, es que no ha recibido ninguna invitación. Acabamos de hablar con él hoy día en la mañana”.
Por su parte, el diputado Eduardo Díaz restó relevancia a la eventual asistencia de Zilic a la Comisión de Educación comentando que “curiosamente” se le ha puesto urgencia al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Educación “y con eso, como los tiempos de la acusación constitucional son cortos, probablemente tampoco se va a poder escuchar a Martín Zilic, que es relevante respecto a los hechos, para formarnos un juicio en relación a la acusación constitucional en la Comisión de Educación. A nosotros nos interesa que el Congreso pueda escuchar a estas personas que tienen antecedentes relevantes para que los diputados se puedan formar un juicio y tomar las decisiones correspondientes, más allá de las opiniones de otros actores que no son parlamentarios y que puedan estar a favor o en contra de la acusación”.
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